Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete se reúnen este jueves y viernes en Chipre en un Consejo Europeo informal en el que tratarán de cerrar filas en torno al plan AccelerateEU, la respuesta que la Comisión Europea presentó el pasado miércoles para hacer frente al fuerte encarecimiento de la energía provocado por el conflicto en Oriente Próximo.
La factura de la crisis se ha disparado en apenas unas semanas. Desde la escalada del conflicto, la Unión Europea ha gastado 24.000 millones de euros adicionales en importaciones energéticas sin recibir a cambio un solo recurso extra, según los propios cálculos de Bruselas. El comisario de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, ha cifrado el sobrecoste en unos 500.000 euros diarios y ha advertido que los próximos meses estarán marcados por la incertidumbre, por lo que conviene prepararse para un escenario adverso.
El paquete presentado por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y la vicepresidenta ejecutiva Teresa Ribera, se articula en cinco grandes bloques. En el plano social, se abre la puerta a que los Estados miembros rebajen impuestos especiales sobre la electricidad para hogares vulnerables, activen bonos energéticos y tarifas sociales, y prohíban temporalmente los cortes de suministro a consumidores con dificultades de pago. También se facilitarán cambios rápidos de suministrador y se aplicarán reducciones del IVA en bombas de calor, paneles solares y pequeñas baterías.
En el terreno industrial, la Comisión adoptará un marco temporal de ayudas de Estado con mayor flexibilidad para los Gobiernos nacionales, sobre todo en los sectores más expuestos al choque de precios. La propuesta, sin embargo, evita por ahora medidas drásticas que habían sonado durante las últimas semanas: Bruselas ha descartado introducir un tope al precio del gas, renuncia a una tasa europea sobre los beneficios de las energéticas y ha retirado finalmente la recomendación del teletrabajo obligatorio un día a la semana que figuraba en borradores iniciales.
Uno de los elementos más novedosos es la creación de un Observatorio Europeo del Combustible, encargado de vigilar producción, importaciones, exportaciones y reservas. Será particularmente relevante para el queroseno y el diésel, dos productos en los que la dependencia exterior es elevada y donde el riesgo de cuellos de botella aumenta cada semana que se prolonga la crisis. Bruselas también impulsará un llenado coordinado y escalonado de los almacenamientos subterráneos de gas para evitar repetir errores del verano de 2022, cuando las compras descoordinadas dispararon los precios.
A medio plazo, el plan traza una hoja de ruta hacia la electrificación masiva de la industria, el transporte y la construcción. Antes del verano se presentará un plan de acción con objetivos ambiciosos y medidas concretas para eliminar los obstáculos regulatorios. Paralelamente, se reforzarán las redes eléctricas para absorber el crecimiento de las renovables.
Para movilizar la inversión privada necesaria, estimada en 660.000 millones de euros anuales hasta 2030, la Comisión organizará una Cumbre de Inversión en Energía Limpia que reunirá a inversores institucionales, líderes industriales y financiadores públicos. La generación renovable europea alcanzó un récord histórico en el primer trimestre de 2026, un 15% por encima del mismo período del ejercicio anterior, según datos comunitarios.
El resultado de la cumbre en Chipre marcará el ritmo de la respuesta europea en las próximas semanas.
