⏱ 2 min de lectura
El exministro José Luis Ábalos ha decidido acogerse a su derecho a no declarar ante el Tribunal Supremo, cuando ha sido citado para aportar explicaciones respecto al origen de ciertos ingresos detectados en un reciente informe de la UCO. La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, ha optado por no solicitar prisión provisional.
Durante unos cuarenta minutos de vista, Ábalos alegó sentirse “indefenso” luego de que el tribunal rechazase su petición de que se le asignara un abogado de oficio para esta comparecencia. La petición fue desestimada por el juez, quien consideró que no era viable nombrar un letrado en tan corto plazo para intervenir eficazmente en un caso con la complejidad que presenta el sumario.
El magistrado instructor ha observado que la sustitución del abogado anterior por parte de Ábalos —sin causa aparente— podría constituir un “fraude de ley” con la finalidad de demorar el proceso. En consecuencia, ha mantenido la comparecencia y ha exigido al investigado que dentro de tres días designe un nuevo letrado, advirtiendo que de no hacerlo será nombrado uno de oficio.
La citación se basa en hallazgos patrimoniales no justificados: el informe revela pagos en efectivo por más de 95.000 €, algunos de ellos en concepto de gastos personales sin respaldo bancario. La investigación apunta a una posible red opaca de transferencias entre el ex asesor Koldo García y el propio Ábalos. Las medidas cautelares vigentes —como la retirada del pasaporte y las comparecencias periódicas— siguen en vigor mientras la causa avanza.
