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El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha decidido prescindir de los servicios de su abogado, el penalista José Aníbal, y no acudirá este miércoles a declarar ante el magistrado Leopoldo Puente, instructor del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo. La comparecencia formaba parte de la nueva ronda de citaciones acordadas por el juez tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El documento policial apunta que 95.000 euros de los gastos del diputado no presentan rastro bancario, lo que ha llevado al instructor a citar nuevamente tanto a Ábalos como a su exasesor, Koldo García, al apreciar “ingresos irregulares y opacos” y “consistentes indicios” de posibles intersecciones patrimoniales entre ambos.
El juez Puente rechazó el pasado viernes posponer las declaraciones, como habían solicitado los abogados del también investigado Santos Cerdán, que alegaron incompatibilidad de agenda para los días fijados: miércoles para Ábalos y jueves para Koldo.
El informe de la Guardia Civil también detalla que el PSOE entregó dinero en sobres a Ábalos como compensación por gastos. Si bien parte de esos pagos contaban con respaldo documental, otros no. Para el magistrado, estos movimientos sugieren que el exministro podría haberse beneficiado de “fuentes irregulares de ingresos”, en relación con posibles “recepciones ilícitas de dinero” canalizadas a través de Koldo García, quien habría asumido posteriormente una parte significativa de los gastos de ambos.
El juez considera que estos indicios contradicen la versión ofrecida por Ábalos en su anterior declaración ante el Supremo, en la que sostuvo que su relación con Koldo “no pasaba de la ordinaria entre un ministro y uno de sus asesores”, pese a reconocer que este último realizaba ciertos encargos personales.
A diferencia de Cerdán, ni Ábalos ni Koldo han ingresado en prisión preventiva. En junio, la Fiscalía descartó solicitar esta medida al no apreciar riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas. No obstante, ambos mantienen la prohibición de salir de España, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado.
La decisión del exministro de desvincularse de su abogado a las puertas de una declaración clave añade un nuevo capítulo de incertidumbre a un caso que sigue salpicando a antiguos altos cargos socialistas y que mantiene bajo la lupa la gestión de contratos públicos durante la pandemia.
