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El ex ministro y diputado José Luis Ábalos ha solicitado formalmente al Tribunal Supremo, a través de su nuevo abogado, el exfiscal Carlos Bautista, que expulse de la causa denominada “caso Koldo” a los partidos políticos que actúan como acusación popular, entre ellos Partido Popular (PP) y Vox. La solicitud está dirigida al magistrado instructor del caso, Leopoldo Puente, quien investiga los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias que afrontan Ábalos, su asesor Koldo García y el ex secretario general del PSOE Santos Cerdán.
En el escrito presentado este pasado jueves, la defensa del exministro alega que la acción popular —una potestad para que ciudadanos o entidades persigan delitos públicos— se ha convertido en un instrumento “al servicio de los partidos” y que cuando una formación política personada ejerce como acusación popular se distorsiona el fin originario de permitir la participación individual. Según el texto, “el ejercicio por los partidos políticos de la acción popular acaba fagocitando la iniciativa ciudadana” y transforma el proceso penal “en herramienta de combate de los partidos políticos” que secretan y utilizan la causa para el “juicio de la opinión pública”.
La causa investiga pagos en efectivo y adjudicaciones irregulares vinculadas al PSOE, y ya han sido citados como testigos el exgerente del partido y una trabajadora de la Secretaría de Organización para declarar el próximo 29 de octubre. Las formaciones políticas como PP y Vox actúan como acusación popular personada, lo que según Ábalos y su defensa compromete la imparcialidad del procedimiento al quedar la acusación en manos de actores con intereses políticos manifiestos.
La decisión del Supremo sobre esta pretensión será clave. Si acepta excluir a los partidos políticos como acusación popular, abriría una vía novedosa en la instrucción del “caso Koldo” y podría alterar el equilibrio del proceso penal: corporaciones con capacidad para ejercer la acusación quedarán fuera, y la causa quedará en manos de los particulares o únicamente del Ministerio Fiscal. Para las formaciones involucradas, su expulsión podría llevar incluso a la nulidad de la causa o a un replanteamiento serio del procedimiento.
Este paso reivindica, desde la defensa del exministro, no solo una cuestión procesal, sino una definición sobre los límites de la acción popular, la participación de los partidos en procesos penales y la separación entre la dimensión ciudadana y la dimensión política de la justicia. En última instancia, el Tribunal Supremo tendrá que decidir si avala ese planteamiento y, con ello, si da por correcta la personación de organizaciones políticas en calidad de acusación pública.
