José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, ha llevado su batalla legal al Tribunal Supremo con un recurso en el que cuestiona la imparcialidad de la investigación del “caso Koldo”. Según su versión, la actuación de la Guardia Civil responde a una estrategia de filtraciones intencionadas y motivaciones personales, lo que pone en duda la objetividad del proceso.
En su escrito, Ábalos señala directamente a la Unidad Central Operativa (UCO) como responsable de la divulgación selectiva de información extraída de los dispositivos móviles de su ex asesor Koldo García. Asegura que estas filtraciones han sido difundidas por los medios de comunicación con el objetivo de perjudicarle y sostiene que la UCO ha actuado con “inquina y venganza”, lo que, en su opinión, compromete la credibilidad de la investigación.
El exministro insiste en que este caso es un ejemplo más de un supuesto patrón dentro de la Guardia Civil, sugiriendo que ciertos sectores del Instituto Armado estarían operando de manera similar a lo que él denomina una “Policía patriótica”. Llama la atención que Ábalos vincule esta supuesta animadversión con su decisión pasada de cesar a un coronel de la Guardia Civil durante la crisis catalana, insinuando que su situación actual podría ser una represalia por aquel episodio.
Sin embargo, su defensa se basa más en insinuaciones que en pruebas concretas. El exministro omite detalles clave del caso y se centra en desacreditar a los investigadores sin aportar una justificación clara sobre las acusaciones en su contra. La estrategia de desviar la atención hacia una presunta conspiración dentro de las fuerzas de seguridad, más que ofrecer explicaciones sobre los hechos que se investigan, parece una maniobra para restar peso a las evidencias en su contra.
Este episodio no solo refleja la creciente tensión entre ciertos sectores políticos y los cuerpos de seguridad del Estado, sino que también pone sobre la mesa un debate mayor: ¿está Ábalos denunciando una persecución real o simplemente busca desgastar la credibilidad de la investigación para proteger su imagen pública?
