La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) presentó este martes una demanda de conflicto colectivo ante los tribunales para frenar la intención del Gobierno de quedarse con los activos inmobiliarios de la Sareb, pero desprenderse de la plantilla que los gestiona. El sindicato denuncia que el Ejecutivo ha comunicado el cese de los contratos de los trabajadores coincidiendo con el cierre de la sociedad, previsto para noviembre de 2027.

La Sareb es la sociedad pública que se creó en 2012, tras el rescate bancario, para hacerse con los pisos, suelos y créditos impagados que lastraban a las cajas y bancos en dificultades y venderlos de forma escalonada a lo largo de quince años. Su cartera de viviendas se ha convertido ahora en una pieza clave del plan del Gobierno para ampliar el parque público de alquiler.

El núcleo del conflicto es el traspaso de funciones a Casa 47, la empresa pública dependiente del Ministerio de Vivienda que asumirá la gestión de esos activos inmobiliarios tras la liquidación de la Sareb. El CSIF considera que esa continuidad de la actividad constituye «una transmisión de unidad productiva», por lo que reclama la subrogación de la plantilla, que las distintas fuentes cifran entre 247 y 274 empleados.

El sindicato fundamenta su reclamación en la normativa laboral y europea. Invoca el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y la Directiva 2001/23/CE de la Unión Europea, relativa al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspaso de empresas o de partes de ellas, para exigir que Casa 47 asuma los contratos con sus condiciones actuales.

El CSIF subraya la paradoja de la operación. «No tiene sentido que los contribuyentes tengan que pagar indemnizaciones a los trabajadores de la Sareb y abocarlos al desempleo, mientras Casa 47 contrata a nuevo personal para realizar exactamente las mismas funciones», señala el sindicato, que denuncia además una «confusión patrimonial» entre ambas sociedades por el traspaso escalonado de los activos.

La demanda plantea también una vía alternativa. De no aceptarse la subrogación directa, el CSIF reclama que la antigüedad adquirida en la Sareb se valore como mérito en las ofertas de empleo público de Casa 47, de modo que los profesionales con experiencia en la gestión inmobiliaria de la sociedad no queden apartados del organismo que continuará su labor.

La liquidación de la Sareb está fijada para 2027, y el traspaso de su patrimonio a Casa 47 es una de las bazas del Ejecutivo para engordar el parque de vivienda pública, en un momento en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en el principal problema social del país.