La Audiencia Nacional ha dado la razón a Shakira en el último frente judicial que mantenía abierto con la Agencia Tributaria española. El tribunal ha anulado íntegramente las liquidaciones y sanciones impuestas por el ejercicio fiscal de 2011 al considerar que Hacienda no logró demostrar que la cantante fuese residente fiscal en España ese año. La resolución obliga al fisco a devolverle 60 millones de euros.
En total, Hacienda reclamaba a la artista 55.034.906,52 euros, correspondientes a una liquidación de 24,7 millones de euros por IRPF, una sanción de 24,9 millones vinculada a ese impuesto, una liquidación de 2,68 millones de euros por el Impuesto sobre el Patrimonio y una sanción de 2,67 millones relacionada con ese tributo.
La sentencia pone fin a una disputa iniciada hace ocho años centrada en determinar si Shakira debía tributar en España por la totalidad de sus rentas mundiales en el año 2011. Según la legislación española, una persona es considerada residente fiscal cuando permanece en territorio español más de 183 días durante el año natural.
El fallo del tribunal ratifica que «esa permanencia, como la propia Administración determina, no alcanza los 183 días» y que, por tanto, «es obvio» que «las consiguientes sanciones son contrarias a Derecho». Durante 2011, la artista se encontraba inmersa en una extensa gira internacional que la llevó a ofrecer alrededor de 120 conciertos repartidos por 37 países.
La defensa de la cantante sostuvo desde el inicio del procedimiento que ese ritmo de trabajo hacía imposible que hubiera pasado el tiempo mínimo requerido en España. De hecho, la propia Agencia Tributaria situaba su permanencia en 163 días, mientras que Shakira reconocía únicamente 143. La Audiencia Nacional considera que, incluso aceptando el cálculo de Hacienda, no se alcanza el límite legal establecido.
La sentencia también rechaza la interpretación de la Administración sobre las llamadas «ausencias esporádicas», al entender que no puede considerarse que el núcleo principal o la base de las actividades o intereses económicos de la artista radicaran en España durante ese ejercicio.
Hacienda deberá devolver a la cantante 27 millones que Shakira ingresó una vez se abrió el acta de inspección, 24 millones como liquidación de la regularización de la renta y tres millones de patrimonio, además de otros 33 millones en concepto de aval.
«Después de más de ocho años soportando un señalamiento público brutal, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches enteras sin dormir que terminaron afectando a mi salud y al bienestar de mi familia, por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio», declaró Shakira en un comunicado. «Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto», añadió.
José Luis Prada, abogado de la cantante y socio director de Prada Tax Advisors, señaló tras conocerse la resolución que el procedimiento había supuesto «un coste inaceptable» después de «ocho años de calvario». «Shakira tuvo la fortaleza y los recursos para llevar esto hasta el final, pero este modus operandi asfixia a muchos contribuyentes corrientes que no disponen de medios para defenderse», apuntó.
La Agencia Tributaria ha confirmado que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo. Fuentes del organismo recordaron que Shakira ya aceptó en conformidad las condenas por delitos contra Hacienda para los años 2012-2014, cuando aceptó una multa de 7,8 millones de euros al reconocer judicialmente que defraudó 14,5 millones en ese periodo.
Este caso era la última cuenta pendiente con el fisco español. Hace unas semanas, un juzgado de Barcelona archivó la segunda causa penal que Shakira tenía abierta por un supuesto fraude de 6,6 millones de euros en 2018, después de que la Fiscalía y las demás acusaciones así lo pidieran.
