Correos activó el protocolo interno para detectar documentación falsa casi dos semanas después del arranque del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno. Durante ese periodo, las oficinas de la empresa pública gestionaron alrededor de 3.500 solicitudes diarias sin contar en sus manuales de apoyo con instrucciones específicas para identificar posibles fraudes documentales, en medio de un procedimiento marcado por la improvisación, los errores y los problemas técnicos.
La situación ha provocado malestar entre los trabajadores de Correos y críticas sindicales por la falta de preparación previa. Los empleados recibieron hasta seis versiones distintas de manuales e instrucciones en apenas unos días, algunas de ellas con información contradictoria o directamente errónea. Entre los fallos detectados figuraban referencias incorrectas sobre los certificados de antecedentes penales, requisitos laborales mal interpretados y discrepancias entre las guías internas y el propio decreto de regularización aprobado por el Ejecutivo.
Uno de los principales focos de polémica fue precisamente el tratamiento del certificado de antecedentes penales. Diversas informaciones señalaron que durante los primeros días del proceso algunas oficinas admitieron expedientes sin exigir ese documento a determinados solicitantes, especialmente a quienes acreditaban trabajo o contrato en vigor.
Correos respondió posteriormente negando haber “tramitado regularizaciones sin antecedentes penales” y defendió que la empresa pública no resuelve expedientes de extranjería, sino que únicamente presta apoyo administrativo y registra telemáticamente la documentación para enviarla a la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX), dependiente del Ministerio de Inclusión.
La compañía sostiene que, aunque un expediente pudiera registrarse inicialmente incompleto, corresponde después a la UTEX revisar toda la documentación y reclamar subsanaciones si falta algún requisito legal. Aun así, las críticas internas se centran en que el personal de oficina tuvo que afrontar el inicio del proceso sin directrices claras y con una formación mínima, limitada en muchos casos a videollamadas rápidas y hojas de instrucciones provisionales.
A los problemas organizativos se sumaron además las incidencias informáticas. Sindicatos y trabajadores denunciaron caídas continuas del sistema, lentitud en la carga de expedientes y fallos en los certificados digitales necesarios para registrar solicitudes. Algunas oficinas llegaron a acumular retrasos superiores a una hora por expediente y se produjeron colapsos puntuales en distintas ciudades.
El volumen de solicitudes también desbordó la capacidad operativa prevista. Las oficinas habilitadas comenzaron a registrar largas colas, dificultades para conseguir cita previa y saturación tanto en Correos como en asociaciones encargadas de emitir certificados de vulnerabilidad.
Todo ello ha convertido la regularización extraordinaria en un escenario de tensión administrativa y política, con sindicatos denunciando falta de planificación y la empresa pública intentando contener el impacto de las críticas mientras el proceso sigue adelante.
