El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que el Gobierno de España extenderá una invitación a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, para participar en la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid en 2026. Esta decisión se toma en el marco de la organización del encuentro que reunirá a los jefes de Estado y de Gobierno de la región, y supone un desafío logístico y diplomático de primer orden debido a la situación legal de la mandataria venezolana en suelo comunitario.
Rodríguez figura actualmente en la lista de personas sancionadas por la Unión Europea, lo que conlleva una prohibición estricta de entrada y tránsito por el territorio de los Estados miembros. Este veto responde a las acusaciones de violaciones graves de los derechos humanos y al menoscabo de la democracia en Venezuela. No obstante, el Ejecutivo español planea acogerse a las excepciones contempladas en los reglamentos de sanciones de la Unión, que permiten el acceso de personas vetadas cuando se trate de la organización de cumbres internacionales o reuniones de organismos multilaterales de especial relevancia.
Albares ha defendido la medida bajo el argumento de que la Cumbre Iberoamericana es un foro de diálogo que exige la presencia de todos sus integrantes para ser efectivo. Según el jefe de la diplomacia española, el papel de España como anfitrión debe garantizar la participación de los representantes designados por cada nación, independientemente de las tensiones bilaterales o las restricciones vigentes en otros contextos. El ministro ha subrayado que la prioridad es fortalecer el espacio iberoamericano y asegurar el éxito de una cita que busca estrechar lazos económicos y políticos entre ambos lados del Atlántico.
Sectores de la oposición han recordado el episodio del encuentro en el aeropuerto de Barajas en 2020, señalando que una nueva presencia de Rodríguez en Madrid sería una afrenta a las resoluciones de Bruselas. Por su parte, fuentes diplomáticas sugieren que el Gobierno deberá tramitar un permiso especial ante el Consejo de la Unión Europea para suspender temporalmente la prohibición durante los días de la cumbre, un movimiento que obligará a España a justificar detalladamente la necesidad de dicha invitación ante sus socios europeos.
