Un tribunal holandés ha embargado el edificio de diez millones de euros que albergaba el centro cultural español. La medida es consecuencia del impago a Toyota por el recorte de primas a las energías renovables en 2013. El inmueble podría acabar en subasta pública.
El Tribunal de Distrito de La Haya ha autorizado el embargo ejecutivo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht. La decisión llega después de que España fuera notificada formalmente el 20 de abril y no abonara la deuda pendiente. Cuatro días más tarde, el 24 de abril, se hizo efectivo el embargo del inmueble.
El edificio está en el número 3 de Domplein, en pleno centro histórico de la ciudad, frente a la catedral y la torre del Dom. Es una antigua iglesia de 1913 que el Estado español compró en 1972, renovó en 1992 y cedió al Instituto Cervantes. El inmueble tiene cuatro plantas y alberga aulas, un salón de actos para 120 personas y una biblioteca con más de 22.000 ejemplares. Su valor de mercado se estima en diez millones de euros.
El embargo viene del caso Eurus, filial de energías renovables de Toyota. En marzo de 2021, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones reconoció una deuda española cercana a los cien millones de euros por los perjuicios causados a la empresa japonesa. El laudo se convirtió en definitivo un año y medio después. Ahora, el fondo Blasket Renewable Investments, que adquirió los derechos de cobro, ha ejecutado el embargo.
Según la documentación judicial, el edificio está registrado a nombre del Instituto Español de Emigración, una institución que dirigió la política migratoria entre 1956 y 1991. Los abogados de los acreedores han enviado una carta al gobierno español advirtiendo que, si continúa el impago, el inmueble embargado se venderá ante notario en subasta pública.
El tribunal holandés ha considerado que el centro del Instituto Cervantes no goza de inmunidad soberana porque no es un órgano indispensable para la acción diplomática española. Se trata de un ente cultural que también alberga eventos y conferencias, lo que lo hace susceptible de ejecución judicial. Un eventual recurso del gobierno alegando inmunidad tiene, según los acreedores, escaso recorrido.
Todo arranca del recorte retroactivo a las primas de energías renovables que aprobó el gobierno de Mariano Rajoy en 2013. Aquella decisión desencadenó una cascada de demandas internacionales. Las empresas afectadas reclamaban inicialmente 10.635 millones de euros. España ha conseguido reducir esa cifra en un 85 por ciento mediante acuerdos y litigios, pero aún debe 2.309 millones de euros. De esa cantidad, 1.754 millones corresponden al monto principal y otros 545 millones a intereses de demora, honorarios de abogados y condenas en costas.
El embargo en Utrecht no es un caso aislado. En Estados Unidos, siete empresas acreedoras han obtenido el reconocimiento de una deuda de 688 millones de euros. Los tribunales norteamericanos han autorizado procedimientos de descubrimiento de activos del Estado español que afectan incluso a la operativa de la selección española en el Mundial de Fútbol de 2026.
En Bélgica, la justicia ha bloqueado 482 millones de euros que España debía recibir por la gestión del tráfico aéreo a través de Eurocontrol. Ese dinero se ha consignado para resarcir a las empresas afectadas por el impago de las renovables.
El Tribunal Supremo de Reino Unido zanjó en marzo su revisión de esta controversia y ratificó que España se ha convertido en un país deudor que debe pagar sus deudas si quiere evitar nuevos embargos. El tribunal londinense ya había embargado hace tres años la sede del Cervantes en Londres, bloqueado sus cuentas, confiscado el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas e incautado un inmueble de la Generalitat de Cataluña.
También el Tribunal Supremo de Australia se ha pronunciado en la misma línea, reconociendo cuatro denuncias valoradas en 469 millones de euros. Y en Singapur, el Tribunal Supremo ha reconocido un laudo contra España de más de cien millones.
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica han confirmado que el Estado se opondrá a la medida y continuará litigando en defensa de los intereses nacionales. Fuentes del departamento que dirige Teresa Ribera subrayan que España ha logrado reducir en un 85 por ciento las reclamaciones iniciales mediante diversas instancias judiciales.
Los acreedores, por su parte, han pedido al gobierno español que ponga fin de una vez por todas a esta controversia. Recuerdan que ya se llegó a un acuerdo satisfactorio para zanjar el caso que afectaba a la empresa JGC, y reclaman que se siga ese mismo camino con el resto de las deudas pendientes.
