Vuelve a pasar. El precio del alquiler en Canarias ha subido un 8,8% interanual y se sitúa en 15,6 euros por metro cuadrado, según los últimos datos del portal Idealista. No es una anécdota: es una tendencia sostenida que ya ha convertido el derecho a un techo en un lujo para miles de familias en las islas.
El titular no engaña, pero se queda corto. Un 8,8% suena a dato de economista. Traducido al bolsillo significa que un piso de 70 metros cuadrados que hace un año rondaba los 1.000 euros mensuales puede estar hoy en torno a los 1.090, si no más, según la zona. En Canarias, donde el salario medio sigue por debajo de la media estatal, ese diferencial lo paga alguien. Normalmente, el inquilino. Y si no llega, el compañero de piso, el familiar o el colchón que ya no existe.
El dato se ha publicado esta semana a partir del informe de precios de Idealista y lo han recogido varias cabeceras canarias: Canarias Ahora, Crónicas de Lanzarote y otras. Coinciden en la fotografía: el archipiélago toca máximos históricos en alquiler. Las dos capitales, Santa Cruz y Las Palmas, tiran del conjunto, pero la presión se nota también en municipios turísticos del sur, en las medianías y, cada vez más, en localidades tradicionalmente «asequibles».
¿Qué empuja este precio hacia arriba? Hay tres factores entrelazados que conviene no mezclar. Primero, la falta de oferta estructural. Canarias tiene un parque de vivienda pública raquítico y una obra nueva que no sigue el ritmo de la demanda. Segundo, la presión turística. La vivienda vacacional se ha comido porciones enteras del mercado residencial en zonas concretas y, aunque la nueva Ley 6/2025 de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas fija un techo del 10% para uso vacacional (y del 20% en las islas verdes) y una moratoria de 10 años para las viviendas de nueva construcción, los efectos reales sobre el precio tardarán meses, si no años, en verse. Tercero, la demanda extrarresidente: inversores, nómadas digitales y compradores de fuera que juegan con otros niveles de renta.
Mientras tanto, el Gobierno de Canarias ha anunciado un presupuesto histórico de 197,5 millones de euros para el Instituto Canario de la Vivienda en 2026 y ha activado el nuevo Bono Alquiler Joven, con 250 euros mensuales durante un máximo de dos años, hasta 6.000 euros por beneficiario. Son medidas útiles, pero no resuelven la ecuación de fondo. Una ayuda de 250 euros al mes es un alivio real cuando el alquiler sube 90, 100 o 150 euros al año; pero si la renta sigue esta trayectoria, la ayuda se convierte pronto en una subvención indirecta al propietario.
En los últimos meses, el debate ha virado del «hay que construir más» al «hay que regular mejor». No son incompatibles. Canarias necesita una política de vivienda a tres carriles: más obra pública (sí, obra, ladrillo y llaves), control efectivo de la vivienda vacacional (inspección, sanción y publicación de datos) y protección real del inquilino (ayudas directas y seguridad en los contratos). Cualquier discurso que se quede en un solo carril suena bonito pero no funciona.
La consecuencia social está a la vista. Jóvenes que se van a la Península porque aquí el alquiler se come el sueldo entero. Familias que renuevan contrato con subidas del 10% sin margen para negociar. Trabajadores esenciales —cuidadores, sanitarios, camareros, profesores interinos— que no pueden vivir cerca del puesto. Y un sector turístico que, paradójicamente, se queja de que no encuentra empleados, muchas veces porque no hay dónde alojarlos.
Canarias no tiene un «problema de vivienda»: tiene una crisis de vivienda. Llevamos años llamándola de otra manera porque llamarla por su nombre obliga a decisiones políticas grandes y a conflictos con intereses muy concretos. El 8,8% de subida de este año es, sobre todo, una factura moral. Y las facturas morales también se pagan.
