El caso Kitchen abrió este lunes la vista oral en la Audiencia Nacional con diez acusados en el banquillo, entre ellos el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, su número dos Francisco Martínez, el exdirector adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino y el excomisario José Manuel Villarejo. El juicio se prolongará hasta el 30 de junio con 35 sesiones previstas.
Los primeros días están dedicados a las cuestiones previas planteadas por las defensas, y lo que quedó claro desde el primer momento es que todas ellas comparten, en lo esencial, los mismos argumentos. El primero y más contundente: que la Audiencia Nacional no tiene competencia para juzgar este caso. Su razonamiento es que los hechos investigados no guardan relación directa con el caso Tándem, la macrocausa sobre las actividades del excomisario Villarejo de la que Kitchen es una pieza separada. Al tratarse, según los letrados, de un operativo policial ajeno a los encargos privados que caracterizan el resto de las causas de Tándem, la causa debería haber sido remitida a la jurisdicción ordinaria de Madrid como un hallazgo casual y no mantenida en la Audiencia Nacional.
El segundo frente común es la validez de las pruebas. La defensa del exministro Fernández Díaz solicitó la nulidad de las actas notariales que recogen mensajes de WhatsApp intercambiados con Francisco Martínez, por considerar que derivan de actuaciones viciadas. La defensa de Martínez fue más lejos y reclamó la nulidad de las grabaciones del propio Villarejo, el material que está en la base de toda la causa, alegando que pudieron obtenerse de forma ilícita y que no ha podido verificarse su autenticidad completa. El entorno del excomisario denunció por su parte que la investigación fue «prospectiva» y contraria a derecho, y que no se desencriptaron todos los archivos incautados. También se plantearon cuestiones relativas al prolongado secreto de las actuaciones durante la instrucción.
Lo que se juzga es una presunta operación clandestina puesta en marcha entre 2013 y 2015, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y sustraerle documentación comprometedora sobre la supuesta caja b del partido, en plena investigación del caso Gürtel. La acusación sostiene que el operativo se financió con cerca de 58.000 euros en fondos reservados del Estado, parte de ellos entregados en metálico al chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos, que actuó como confidente y facilitó el acceso a móviles, tabletas y documentos del extesorero.
La Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de prisión para Fernández Díaz y para Martínez, y hasta 19 para Villarejo, al que considera el articulador del espionaje. Bárcenas declarará el 20 de abril como perjudicado junto a su esposa Rosalía Iglesias, y ha pedido una condena de 41 años para el exministro y su número dos. El 23 de abril están citados como testigos el expresidente Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal y el exministro Juan Ignacio Zoido. Cospedal comparece como testigo y no como acusada, después de que el instructor descartara procesarla pese a la existencia de grabaciones de Villarejo en las que se la escucha hablar de la necesidad de «parar» lo de «la libretita» de Bárcenas y de «laminarlo».
