El Consejo General del Poder Judicial aprobó en septiembre de 2025 un aumento de las retribuciones de sus altos cargos sin ningún tipo de publicidad previa. La medida afecta a la presidenta del órgano, Isabel Perelló, y a los veinte vocales, y se conoció esta semana cuando salió a la luz a través de la Cadena Ser.
Los números son claros. El complemento por antigüedad que perciben los miembros del Consejo que no son funcionarios pasó de 522,67 euros mensuales a 839,23 euros al mes, lo que supone un aumento de 316 euros mensuales y un extra de 10.070 euros anuales. Para los vocales que sí son funcionarios, el acuerdo aprobó una subida de 62,80 euros mensuales por cada trienio reconocido, lo que puede acumular cantidades considerables según los años de carrera de cada cual.
El CGPJ justificó la medida argumentando que no era una subida de sueldo sino una revisión para adaptar los criterios a los de otros órganos constitucionales, en referencia al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Cuentas. También recordó que el complemento que ahora se actualiza no se había revisado desde 1998, cuando se fijó en esos 522 euros mensuales que han permanecido congelados durante 27 años.
El argumento tiene su lógica contable, pero esconde un contexto difícil de ignorar. Los sueldos base de los miembros del CGPJ no son modestos: la presidenta Perelló cobra en 2026 alrededor de 155.000 euros anuales, y los vocales rondan los 134.000 euros, antes de sumar complementos. A esas cifras hay que añadir ahora el nuevo complemento de antigüedad, los trienios y la subida general que los funcionarios aplicaron en 2026.
Lo que más ha irritado fuera del organismo no es tanto el importe como las formas. El acuerdo se tomó en pleno el 24 de septiembre de 2025 sin comunicación pública alguna.
Es un detalle que no pasa desapercibido. El CGPJ es el órgano de gobierno de los jueces, el mismo que vela por el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en el conjunto del sistema judicial. Aprobarse una subida en septiembre, no comunicarla y que el portal que lleva por nombre «transparencia» siga mostrando las cifras antiguas seis meses después es, cuando menos, una contradicción que el organismo debería explicar.
