El Tribunal Supremo ha rebajado casi a la mitad, de 79.942 euros a 39.000 euros, las costas que el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz debe abonar por el coste del abogado y procurador de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El decreto fue dictado este jueves por la letrada de la Administración de Justicia de causas especiales del alto tribunal.
Para entender el alcance de la decisión, hay que recordar el origen del proceso. El Supremo condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general por un delito de revelación de datos reservados al difundir información de la investigación a Alberto González Amador por fraude a Hacienda, y le impuso además una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros por daños morales. La multa y la indemnización ya fueron abonadas, aunque de forma poco ortodoxa. El exfiscal general las pagó con fondos procedentes de aportaciones voluntarias cuya canalización fue asumida por la Unión Progresista de Fiscales, de la que había sido presidente portavoz.
La batalla sobre las costas ha sido la última disputa económica de este proceso. La primera tasación, presentada por el abogado de González Amador, Gabriel Rodríguez Ramos, ascendía a 64.778 euros por la minuta del letrado más IVA, además de 1.560 euros de la procuradora, lo que elevaba el total a 79.942 euros. La Abogacía del Estado, en nombre de García Ortiz, consideró esa cifra manifiestamente desproporcionada y propuso reducirla hasta 4.240 euros, argumentando que incluía conceptos que no debían computarse. La Fiscalía también se opuso al primer cálculo.
La letrada de la Administración de Justicia aceptó excluir determinadas actuaciones incluidas en la reclamación, al considerar que no procede la imposición de costas por los recursos de reforma o apelación interpuestos, dado que no concurrió mala fe o temeridad. Además, limitó al 40% el incremento de honorarios por actuar ante el Tribunal Supremo, frente al 60% que solicitaba el abogado de González Amador.
La resolución también abordó la denuncia de García Ortiz sobre la falta de imparcialidad objetiva del Colegio de la Abogacía de Madrid, que ejerció la acusación popular contra él. Por esa razón, el decreto acuerda remitir las actuaciones al Consejo General de la Abogacía Española para que emita el preceptivo informe o designe a otro colegio para realizar el cálculo de forma conjunta con el de Madrid.
La resolución supone un alivio económico significativo para García Ortiz, aunque no altera el fondo de la condena ni las responsabilidades ya fijadas. El caso, que arrancó con la filtración a la prensa de un correo en el que González Amador reconocía un fraude fiscal y buscaba un acuerdo con la Fiscalía de Madrid, ha dejado tras de sí una cadena de recursos y decisiones judiciales que este jueves suma un nuevo capítulo.
