La concesión del régimen de semilibertad a Soledad Iparraguirre, alias Anboto, ha vuelto a poner el foco sobre el historial delictivo de una de las figuras más determinantes en la estructura de ETA. Aunque las penas acumuladas por la exjefa de la banda terrorista superan ampliamente los 400 años de cárcel tras las sucesivas sentencias de la Audiencia Nacional, la legislación española establece un límite máximo de cumplimiento efectivo que condiciona su estancia en prisión.
Para entender cómo se alcanza esa cifra astronómica de condenas, es necesario desglosar los procesos judiciales a los que se ha enfrentado desde su entrega por parte de Francia en 2019:
El grueso de su condena proviene de sentencias por asesinatos consumados y en grado de tentativa. Entre las más destacadas figura la de 122 años por el asesinato del comandante Luciano Cortizo en León en 1995 mediante una bomba lapa. A esta se suma otra de 425 años de prisión por el atentado frustrado en el estadio de Mendizorroza en 1985, donde se intentó atacar a un convoy de la Policía Nacional con un coche bomba. Asimismo, aceptó 70 años por el asesinato de dos policías en Vitoria en 1987 y 39 años por el del cartero de Amurrio, Estanislao Galíndez.
En su rol como responsable de los comandos legales y de la tesorería de la organización, Iparraguirre fue condenada a 15 años por ordenar el asesinato del rey Juan Carlos I durante la inauguración del Museo Guggenheim en 1997. También acumula penas de 61 años por atentados cometidos en las localidades vizcaínas de Bilbao y Getxo, además de otros 46 años por una bomba trampa contra la Guardia Civil.
En cuanto al tiempo que lleva privada de libertad, Anboto suma un total de 22 años entre rejas. Fue detenida en octubre de 2004 en el sur de Francia, donde cumplió una condena de 15 años de prisión. Inmediatamente después de saldar sus cuentas con la justicia gala, fue entregada a España en septiembre de 2019, permaneciendo en prisión preventiva y posteriormente cumpliendo sus nuevas condenas en centros nacionales como el de Zaballa, en Álava.
A pesar de que el cómputo total de sus penas suma varios siglos, el Código Penal aplicable a sus delitos establece un límite máximo de cumplimiento de 30 años. La decisión del Gobierno vasco de permitirle salir de lunes a viernes se basa en que la interna ya ha cumplido las tres cuartas partes de ese límite máximo efectivo y ha mostrado signos de alejamiento de la violencia, lo que administrativamente faculta su progresión al tercer grado a partir de este próximo lunes.
Anboto saldrá de prisión tras cumplir 2 años de reclusión efectiva entre Francia y España.
