La Fiscalía Europea ha formalizado la apertura de una investigación para esclarecer un posible fraude relacionado con los fondos comunitarios destinados al mantenimiento del tramo de la línea de alta velocidad a su paso por la localidad cordobesa de Adamuz. El organismo internacional busca determinar si existió un uso indebido de las partidas financieras de la Unión Europea, ejerciendo así su competencia directa en la protección de los intereses financieros del bloque comunitario ante delitos que puedan afectar a su presupuesto.
En el ámbito judicial nacional, la magistrada Cristina Pastor, titular del juzgado de Montoro encargado de la instrucción del accidente, ha tomado medidas respecto a la custodia de las pruebas materiales. La jueza ha ordenado a la Policía Judicial el precinto inmediato de 78 metros de vía recogidos por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias en la zona del siniestro. Esta orden judicial responde a la necesidad de garantizar la integridad de las evidencias fundamentales para determinar las causas técnicas del descarrilamiento y la posterior colisión.
La instrucción del caso ha detectado anomalías significativas en la gestión de estos elementos por parte del ente público. Según consta en las diligencias, Adif no comunicó inicialmente el hallazgo de 42 metros de los materiales ahora intervenidos. Estas piezas de la infraestructura se encontraban almacenadas en un depósito de la entidad estatal ubicado en el municipio de Hornachuelos, también en la provincia de Córdoba. La decisión de intervenir el material de forma directa por parte de la autoridad judicial se ha precipitado tras observarse irregularidades en la manipulación de las evidencias por parte de los técnicos de la entidad ferroviaria, lo que ha generado dudas sobre la transparencia en la cadena de custodia de las pruebas.
