Con la aprobación de este nuevo Real Decreto, el sistema sanitario español recupera su esencia de universalidad, una trayectoria que se vio interrumpida en 2012 y que ahora se consolida mediante una regulación garantista. La norma no solo reafirma el derecho a la salud como un pilar fundamental de la democracia, sino que despliega una arquitectura administrativa diseñada para que ninguna persona, independientemente de su situación legal o administrativa, quede fuera del amparo del Sistema Nacional de Salud (SNS).
La principal novedad de esta legislación es la simplificación del acceso para las personas extranjeras en situación irregular. A través de una declaración responsable y la acreditación de identidad y residencia habitual, cualquier persona podrá solicitar su tarjeta sanitaria. El texto es especialmente ambicioso al combatir la discrecionalidad territorial que existía hasta ahora; establece un procedimiento común para todas las comunidades autónomas y garantiza que, desde el mismo momento en que se presenta la solicitud, el ciudadano cuente con un documento provisional que le da derecho inmediato a la atención.
El decreto también pone el foco en la diáspora española, corrigiendo una situación de desamparo que afectaba a miles de ciudadanos. A partir de ahora, los españoles de origen que residen en el exterior y que no cuentan con cobertura sanitaria en sus países de destino —principalmente aquellos que no están trabajando— recuperan el derecho a la asistencia pública durante sus estancias temporales en España. Esta medida se extiende igualmente a sus familiares, unificando criterios y eliminando los requisitos de cotización previa que funcionaban como un muro para quienes regresaban de visita o por necesidad.
La inclusión y la accesibilidad son los ejes transversales que vertebran toda la norma. El articulado dedica una atención especial a las personas con discapacidad, exigiendo que todos los formularios y procesos sean accesibles y cuenten con apoyos para la toma de decisiones. Además, el texto blinda la protección de colectivos en riesgo extremo, como las víctimas de violencia de género, víctimas de trata de seres humanos y menores de edad, asegurando que su atención sanitaria sea automática y gratuita. Con esta reforma, la sanidad pública española deja de entenderse como un servicio ligado a la contribución laboral para consolidarse como un derecho humano vinculado a la mera presencia en el territorio nacional.
Para completar la visión de este nuevo marco legal, es fundamental entender cómo la norma intenta sortear la «la burocracia» para quienes viven en los márgenes del sistema. El decreto reconoce que muchas personas en situación de vulnerabilidad no pueden acceder a un padrón municipal debido a la precariedad de su vivienda o la falta de un contrato de alquiler.
Para solucionar esto, el artículo 2 establece una lista abierta de alternativas para demostrar la residencia habitual en España. Si no se dispone de volante de empadronamiento, el solicitante puede presentar documentos que acrediten su arraigo cotidiano, como certificados de escolarización de hijos, facturas de suministros (luz, agua o gas) a su nombre, o incluso un certificado de registro de visitas emitido por servicios sociales u organizaciones no gubernamentales de utilidad pública. Este reconocimiento de la labor de las ONG como validadores de la residencia es un cambio de paradigma en la administración española.
Además, el procedimiento introduce dos mecanismos de seguridad jurídica para evitar que el solicitante quede desprotegido durante la espera administrativa:
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Acceso provisional inmediato: En el mismo instante de entregar la solicitud, la Administración está obligada a facilitar un documento que permite ir al médico mientras se resuelve el expediente.
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Silencio administrativo positivo: Si en el plazo de tres meses la Administración no ha respondido de forma expresa, la solicitud se considera aprobada automáticamente. Esto traslada la responsabilidad de la agilidad al Estado y protege al ciudadano frente a la inactividad de las instituciones.
Por último, el decreto establece que, una vez reconocido el derecho, este no tendrá fecha de caducidad. La tarjeta sanitaria se mantendrá vigente mientras la persona no cambie su situación y obtenga el derecho a la asistencia por otra vía (como por ejemplo, un contrato de trabajo que la incluya en el sistema de la Seguridad Social).
