La escena se repite estos días en Canarias: colas, llamadas insistentes, citas agotadas y una pregunta que se repite en ventanillas y teléfonos. ¿Qué documento necesito para poder regularizarme? El anuncio del Gobierno sobre una regularización extraordinaria —aún pendiente de concreción completa en su despliegue, cómo no— ha activado a miles de personas que han acudido a consulados y embajadas para preparar el expediente antes de que se abra formalmente el plazo.
En el Archipiélago, esa presión no sorprende. Canarias es territorio de frontera y también de asentamiento, con una población nacida fuera de España que supera ampliamente el medio millón, según datos estadísticos regionales publicados en los últimos años.
En ese contexto, la cifra que se maneja en el debate público para Canarias —en torno a 30.000 potenciales beneficiarios— explica por qué cualquier cambio administrativo se traduce rápido en tensión en oficinas, asesorías y servicios.
Qué plantea el Gobierno y por qué todo el mundo corre
La intención del Ejecutivo es ofrecer una vía extraordinaria para regularizar a personas extranjeras que ya residen en España y que puedan acreditar requisitos de arraigo temporal y ausencia de antecedentes.
Según los calendarios que se han difundido, el periodo para presentar solicitudes se activaría a comienzos de abril y permanecería abierto hasta el 30 de junio. A partir de ahí, la administración contaría con un margen para resolver. En el diseño descrito públicamente, la autorización permitiría trabajar en todo el territorio nacional durante el periodo de vigencia.
La arquitectura del plan, en síntesis, pivota sobre dos condiciones clave. La primera, acreditar residencia en España antes de una fecha de corte establecida y demostrar una permanencia continuada mínima previa a la solicitud. La segunda, no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público.
Además, se contempla un tratamiento específico para quienes hayan solicitado protección internacional antes del cierre de año, con independencia del sentido final de su expediente, siempre que se cumplan el resto de condiciones.
Antecedentes y certificados
Ese requisito —antecedentes penales— está actuando como el acelerador del “colapso consular”.
La lógica es simple: en muchos casos, el certificado depende de gestiones en el país de origen o de circuitos consulares de legalización, y los tiempos no son inmediatos. Por eso, la consulta más repetida no es sobre el formulario final, sino sobre el documento que puede tumbarlo todo: cómo pedirlo, dónde tramitarlo, cuánto tarda y qué validez tiene.
Además, existe un factor que multiplica la ansiedad: la vigencia limitada de ciertos certificados. Si se solicitan demasiado pronto, pueden caducar antes de que la administración los requiera formalmente; si se piden tarde, el solicitante teme no llegar a tiempo. Ese equilibrio explica el comportamiento “preventivo” de muchos usuarios: adelantarse para no quedar fuera por un trámite que, en la práctica, depende de terceros.
Venezuela: un caso estructural en Canarias
En paralelo, la regularización llega a un territorio donde hay comunidades especialmente numerosas. La venezolana es una de las más destacadas en Canarias y su crecimiento sostenido en la última década ha sido objeto de análisis estadístico y mediático. Esa masa crítica explica por qué cualquier anuncio estatal que afecte a permisos, residencia o trabajo se percibe en las Islas como una onda expansiva: consulados, gestorías, empleadores y redes familiares se mueven al unísono.
La incertidumbre que aún pesa
Pese al aluvión de consultas, el marco no está completamente aterrizado en la práctica: se conocen líneas maestras y ventanas temporales, pero quedan por despejar detalles operativos que determinarán el volumen real de solicitudes y la carga de trabajo de oficinas y consulados. En ese hueco crece la prisa y, con ella, la carrera por “tener todo” cuanto antes. Hay prisa.
