El dato cabe en una línea y, sin embargo, dice mucho de las últimas décadas del campo tinerfeño. En una campaña de enero de 2026, la Policía Canaria realizó 37 inspecciones en explotaciones ganaderas de Tenerife y levantó cinco denuncias, dentro del Plan de Inspecciones en Explotaciones Ganaderas 2026.
La cifra que convierte la anécdota en retrato es otra. Tres de las explotaciones denunciadas no estaban inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias (REGAC). En otras palabras, no hablamos solo de “deficiencias”, sino de actividad fuera del sistema de trazabilidad y control que sostiene la sanidad animal, la seguridad alimentaria y la igualdad competitiva.
La isla donde el campo se hizo pequeño
Para entender por qué un sector termina produciendo “explotaciones fantasma”, hay que mirar el paisaje de fondo.
En Canarias existen series estadísticas oficiales que permiten seguir, año a año, la evolución de censos y explotaciones ganaderas a partir del REGAC, con datos por islas y municipios en la Estadística sobre Efectivos de Ganado (1998–2024). Lo que queda fuera, literalmente, deja de existir a efectos de planificación, ayudas, inspección y política pública.
En paralelo, el sector lleva años describiendo un proceso de contracción silenciosa: menos titulares, menos rentabilidad, más presión territorial y más distancia cultural entre la economía dominante (servicios y turismo) y la vida del campo.
ASAGA, por ejemplo, ha advertido públicamente del riesgo de colapso por falta de relevo generacional si no se actúa con urgencia.
El relevo que no llega
El problema no es solo económico, es demográfico. La foto que ofrece el propio entorno del sector es dura: déficit de jóvenes al frente de explotaciones y envejecimiento de los titulares.
En 2023, ASAGA señalaba que solo un 16% de propietarios de fincas o granjas en Canarias tenía menos de 44 años, mientras más del 60% superaba los 55. Cuando la profesión se envejece y el margen es estrecho, la capacidad de adaptarse a requisitos técnicos y administrativos cae en picado.
Además. la normativa no se vive como garantía, sino como amenaza. En un territorio donde el suelo vale oro y el conflicto de usos (residencial, turístico, ambiental) es constante, la ganadería queda en una posición defensiva. Más denuncias vecinales potenciales, más restricciones, más costes de adecuación, menos tolerancia social.
El Gobierno de Canarias es explícito al exigir que se deben inscribir en el registro todas las explotaciones con especies como bovino, ovino, caprino, porcino o apícola, y también las que pretendan comercializar producción. Es el mecanismo que permite identificar al titular, ubicar la explotación, controlar movimientos de animales, planificar sanidad y, llegado el caso, responder ante brotes o incidencias.
Por eso, que en una sola campaña aparezcan tres casos sin REGAC es tan revelador. No permite concluir “cuánta” ganadería ilegal hay en la isla, pero sí indica que existe una capa de actividad que se mantiene al margen y que aflora en cuanto hay inspección.
Qué ha pasado en las últimas décadas
El campo tinerfeño ha ido pasando, poco a poco, de ser un modo de vida relativamente estable a convertirse en una economía de resistencia.
En ese tránsito se mezclan causas conocidas: costes, mercado, importaciones, cambios de consumo, presión del suelo, trámites, y una estructura de explotaciones pequeñas con poca capacidad de inversión.
Cuando el sistema exige adaptaciones constantes y el productor no puede amortizarlas, aparecen tres salidas: cerrar, aguantar a medias o esconderse.
La clandestinidad, en ese marco, no es solo “picaresca”. Es también el síntoma de un sector al que se le pide operar con estándares cada vez más altos sin garantizar condiciones mínimas de viabilidad para quien no tiene tamaño ni capital.
La intensificación de controles puede ser necesaria, pero el problema aparece cuando la acción pública se reduce a una lógica de expediente. Si “regularizar” se percibe como sinónimo de multa, reforma inasumible o cierre, el incentivo racional es no asomarse nunca a la administración.
El resultado es el peor de los mundos: el ganadero que cumple paga más y compite con quien no; el consumidor tiene menos garantías; y la administración pierde capacidad de planificar porque parte del mapa no está en el mapa.
Soluciones posibles
Hay margen de maniobra, pero exige una política de doble carril.
Primero, una vía de regularización realista para pequeñas explotaciones: acompañamiento técnico, plazos, inspección orientada a subsanar y, solo después, sanción cuando haya negativa o reincidencia. La sanción dura debe concentrarse en lo que implica riesgo alto: actividad sin registro, condiciones incompatibles con bienestar, impactos ambientales graves.
Segundo, simplificación administrativa y ventanilla única efectiva. El registro y los trámites existen (incluso con procedimientos específicos de inscripción y autorización). La cuestión es si son transitables para un sector envejecido y de baja rentabilidad.
Tercero, política de relevo generacional y rentabilidad: sin jóvenes y sin márgenes.
Todo lo demás es maquillaje.
