La unidad de delitos informáticos de la Fiscalía de París, en colaboración con Europol y la policía francesa, ha registrado la sede de la red social X en Francia. La operación forma parte de una instrucción judicial iniciada en enero de 2025 tras las denuncias que alertaban sobre una posible manipulación del algoritmo de la plataforma para favorecer contenidos alineados con intereses extranjeros y desestabilizar el debate democrático.
La investigación trata de determinar si la empresa de Elon Musk incurrió en delitos de alteración del funcionamiento de un sistema de datos y extracción fraudulenta de información, ambos cometidos bajo la modalidad de banda organizada. Según los informes que dieron origen a la causa, presentados por un diputado y un alto funcionario, la red social habría modificado sus criterios de recomendación para amplificar mensajes de determinados sectores políticos europeos y difundir desinformación a gran escala.
Además de la supuesta injerencia política, la Fiscalía ha ampliado recientemente las pesquisas para incluir otros delitos graves. Entre ellos se encuentran la difusión de imágenes de abuso infantil, la creación de deepfakes de carácter sexual y la propagación de mensajes que niegan crímenes contra la humanidad. Estos nuevos cargos están vinculados tanto a la moderación de la red social como al funcionamiento de Grok, la herramienta de inteligencia artificial integrada en la plataforma.
Como parte de este procedimiento, la Justicia francesa ha citado a declarar el próximo mes de abril al propio Elon Musk y a la exconsejera delegada de la compañía, Linda Yaccarino. Aunque la empresa calificó inicialmente la investigación como una maniobra con motivaciones políticas, el despliegue policial de este martes confirma el avance de un proceso que podría derivar en sanciones económicas millonarias o incluso en órdenes de arresto para sus directivos si se demuestra su responsabilidad en la manipulación deliberada del sistema.
