La ciudad de Turín se recupera de una de las jornadas de violencia callejera más extremas que se recuerdan en el norte de Italia. Lo que comenzó este sábado como una marcha de veinte mil personas en apoyo al centro social Askatasuna, desalojado tras treinta años de ocupación, derivó en una auténtica batalla campal. Grupos de encapuchados antisistema, integrados por cientos de militantes llegados de varios países europeos, convirtieron el corso Regina Margherita en un escenario de guerrilla urbana, atacando con martillos, piedras y artefactos incendiarios a las fuerzas de seguridad.
El balance de los enfrentamientos es demoledor: ciento once agentes de policía han resultado heridos de diversa consideración. Las imágenes más impactantes, que han dado la vuelta al país, muestran a un agente rodeado y golpeado brutalmente en el suelo por un grupo de violentos. Las fuerzas del orden, que han practicado tres detenciones inmediatas y han identificado a centenares de personas, se vieron obligadas a emplear gases lacrimógenos y cañones de agua para contener las embestidas de los radicales en los alrededores del campus universitario.
Tras visitar este domingo a los agentes hospitalizados, Meloni ha calificado los ataques de inaceptables y ha señalado que estos grupos no representan el derecho a la disidencia, sino que son enemigos del Estado que actúan con tácticas terroristas. Desde el Ejecutivo se ha anunciado ya una revisión de la política de seguridad para endurecer las penas contra quienes ataquen a las fuerzas del orden y para agilizar el desmantelamiento de focos de ocupación ilegal que sirven de refugio a estos colectivos.
La oposición también ha condenado de forma unánime la agresión a los agentes y a varios equipos de prensa, subrayando que la violencia deslegitima cualquier causa política. La investigación judicial sigue abierta para identificar al resto de los responsables de la emboscada. El desalojo de Askatasuna, un histórico referente del movimiento autónomo en Italia, se ha convertido así en el detonante de un debate nacional sobre los límites de la protesta y la necesidad de blindar la autoridad del Estado frente a la violencia organizada de extrema izquierda.
