La Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha dictado sentencia sobre el bochorno vivido el pasado 18 de enero en el estadio Moulay Abdellah. El organismo ha impuesto una severa sanción económica a la Federación Real Marroquí de Fútbol que asciende a 315.000 dólares, además de suspender a jugadores clave como Achraf Hakimi e Ismael Saibari. Los incidentes, que incluyeron la invasión del área del VAR por parte del cuerpo técnico y el comportamiento antideportivo de los recogepelotas para obstaculizar al portero de Senegal, han empañado la imagen de un torneo que debía ser el escaparate del país africano.
El comité disciplinario ha rechazado el recurso de Marruecos, que pretendía impugnar el título logrado por Senegal alegando que el seleccionador rival incitó a sus jugadores a abandonar el campo tras un polémico penalti. Aunque el técnico senegalés, Pape Thiaw, también ha sido castigado con cinco partidos de suspensión, la CAF ha mantenido el resultado del terreno de juego, dejando a los anfitriones sin el trofeo y con una mancha en su currículo organizativo.
Este escándalo estalla justo cuando se libra una batalla política por la sede de la final del Mundial 2030. Rabat ha invertido millones en infraestructuras y en la construcción del estadio más grande del mundo en Casablanca para «robarle» la final a España, los graves fallos de seguridad y orden público en la Copa África juegan ahora en su contra. La imagen de caos en una final continental es el argumento que faltaba en los despachos de la FIFA para inclinar la balanza hacia el Santiago Bernabéu o el Camp Nou.
A este escenario se suman las recientes palabras de Rafael Louzán, presidente de la Federación Gallega y figura de peso en la RFEF, quien esta misma semana dio por hecho que la final se jugará en suelo español. Aunque Louzán matizó después sus declaraciones, el mensaje caló hondo en Marruecos, donde la prensa local habla de una campaña para desprestigiar su candidatura.
