El Gobierno de Canarias ha decidido prolongar durante seis meses más la situación de emergencia tecnológica que activó en el verano de 2025 tras una avería grave en sus sistemas informáticos.
La medida, que se extenderá hasta finales de junio de 2026, no responde ya a un fallo operativo concreto —que oficialmente se da por resuelto— sino a la necesidad de seguir trabajando en la estabilización y modernización de una infraestructura considerada aún vulnerable.
El origen
El origen del problema se remonta a finales de junio del año pasado, cuando una caída generalizada de servidores afectó a los servicios digitales de la Administración autonómica.
Se declaró la emergencia y llegó la contratación urgente de proveedores tecnológicos, refuerzo del personal técnico mediante horas extra y activación de mecanismos excepcionales para evitar un colapso prolongado de los servicios públicos.
Ese primer objetivo se cumplió. A finales de 2025, los sistemas funcionaban de nuevo con normalidad y la continuidad del servicio estaba garantizada.
Sin embargo, el Ejecutivo reconoce ahora que el problema de fondo no era solo una avería puntual, sino un conjunto de debilidades acumuladas: infraestructuras tensionadas, soluciones implantadas a medias y una capacidad técnica interna insuficiente para sostener el sistema en condiciones normales.
Marco extraordinario
La prórroga de la emergencia permite mantener un marco extraordinario que afecta a tres ámbitos clave: contratación, personal y presupuesto.
En primer lugar, se agilizan los contratos tecnológicos pendientes, que pasan a tramitarse por la vía de urgencia, reduciendo plazos y controles habituales. El objetivo declarado es ganar tiempo y evitar nuevos episodios críticos, aunque esta fórmula también concentra poder de decisión en el Ejecutivo y reduce la competencia y fiscalización ordinarias.
En segundo lugar, la medida habilita un refuerzo acelerado del personal técnico. Para ello se recurre a la modificación urgente de la Relación de Puestos de Trabajo y a la cobertura inmediata de vacantes actuales y futuras en el área de transformación digital.
Es un reconocimiento implícito de un problema conocido: la Administración tiene dificultades para atraer y retener perfiles TIC en un mercado dominado por el sector privado, con salarios más competitivos y mayor flexibilidad.
La emergencia actúa así como una vía rápida para hacer lo que, en condiciones normales, llevaría meses o incluso años. El riesgo es que esta excepcionalidad se convierta en un atajo recurrente para suplir carencias estructurales sin abordarlas de raíz mediante planificación a largo plazo, concursos estables y una política sostenida de recursos humanos.
El tercer eje es el económico. El Gobierno se compromete a habilitar partidas presupuestarias específicas para sostener esta fase prolongada de intervención. Aunque no se detallan cifras, la experiencia de la primera etapa —con múltiples contratos de emergencia— apunta a un coste significativo que, previsiblemente, seguirá creciendo a medida que se extienda el periodo excepcional.
Interrogantes
Desde el punto de vista político, la decisión abre un debate relevante: ¿cuándo deja de ser razonable hablar de emergencia y empieza a ser necesario asumir que el problema es estructural? Mantener durante un año completo un régimen excepcional en materia tecnológica plantea interrogantes sobre la capacidad de la Administración para gestionar su transformación digital dentro de los cauces ordinarios.
Al mismo tiempo, el contexto juega a favor del Ejecutivo. La digitalización de los servicios públicos, la creciente dependencia tecnológica y el aumento de las amenazas de seguridad convierten cualquier fallo en un riesgo reputacional y operativo de primer orden. En ese escenario, pocos gobiernos están dispuestos a asumir el coste político de volver a la normalidad demasiado pronto.
La incógnita ya no es si la emergencia era necesaria, sino cuánto tiempo puede sostenerse sin redefinir las reglas del juego.
