La medida, aprobada mediante un decreto legislativo este martes, busca inutilizar el método operativo más extendido entre las bandas de sicarios que asolan el país: el uso de estos vehículos ligeros para ejecutar asesinatos selectivos y facilitar una huida rápida entre el tráfico urbano, donde un pasajero se encarga de disparar mientras el otro pilota.
La restricción responde a una demanda histórica de los alcaldes de los distritos con mayores índices de criminalidad, como San Juan de Lurigancho o el Callao, donde los ataques perpetrados por parejas en moto se han convertido en una constante diaria. Según los datos del Ministerio del Interior, la agilidad de este vehículo permite a los delincuentes abandonar la escena del crimen antes de que las fuerzas policiales puedan reaccionar, lo que eleva la tasa de impunidad de los homicidios por encargo. Con esta nueva normativa, cualquier motocicleta que circule con acompañante en las zonas restringidas será retenida de inmediato por las autoridades.
Para no perjudicar excesivamente la movilidad de los ciudadanos que utilizan la moto como medio de transporte familiar o laboral, el Ejecutivo ha previsto una serie de excepciones que deberán ser acreditadas mediante una tarjeta de circulación especial. Entre los casos permitidos se encuentran el traslado de familiares directos, debidamente identificados, y el uso de vehículos por parte de las fuerzas de seguridad y servicios de emergencia. No obstante, la policía tendrá potestad para realizar controles exhaustivos en cualquier momento para verificar la identidad de los ocupantes.
La medida ha generado una reacción dividida en la sociedad peruana. Mientras los sectores más afectados por la inseguridad celebran la decisión como una herramienta necesaria para recuperar el control de las calles, las asociaciones de motociclistas denuncian que se está criminalizando a todo un colectivo por las acciones de una minoría. El Gobierno, por su parte, ha anunciado que esta prohibición se mantendrá vigente mientras dure el estado de emergencia y no descarta ampliarla a otras regiones del país si los índices de violencia no muestran una reducción significativa en el corto plazo.
