El Gobierno de Canarias ha dado un paso relevante en la gestión de sus pagos públicos con la aprobación de una resolución que afecta a miles de proveedores, entidades y personas físicas que cobran de la Administración autonómica.
La medida no introduce nuevos requisitos económicos ni altera derechos de cobro, pero sí refuerza los controles previos para garantizar que cada pago llegue a la cuenta bancaria correcta y se ajuste al nuevo marco europeo de transferencias.
El contexto europeo
La resolución se apoya en un cambio normativo de alcance comunitario. Desde el 9 de octubre de 2025, un reglamento de la Unión Europea obliga a los proveedores de servicios de pago —principalmente las entidades financieras— a verificar la correspondencia entre el nombre del beneficiario y el IBAN en las transferencias inmediatas en euros.
El objetivo es reducir fraudes y errores en un sistema de pagos cada vez más ágil y automatizado, donde una equivocación puede provocar incidencias difíciles de corregir.
Aunque la obligación directa recae sobre los bancos, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Gobierno de Canarias ha decidido adaptar sus propios procedimientos.
En la práctica, la Administración podrá comprobar de forma previa la titularidad de la cuenta bancaria designada por un acreedor antes de ordenar el pago con cargo a la Tesorería autonómica, anticipándose así a posibles rechazos o devoluciones.
La verificación se realizará mediante un servicio digital automático, prestado a través de entidades bancarias autorizadas y apoyado en la infraestructura nacional de pagos.
Este sistema permite confirmar de manera inmediata que el IBAN facilitado coincide con la identidad del titular. Con ello se pretende evitar problemas habituales en la gestión pública, como errores tipográficos, datos bancarios desactualizados o discrepancias entre la información administrativa y la bancaria.
La resolución establece que la comprobación podrá efectuarse en cualquier momento anterior al pago. Esto incluye situaciones como la actualización de los datos bancarios de un proveedor o cuando el órgano gestor lo considere oportuno para asegurar una correcta ejecución. El enfoque es preventivo y flexible, no un control sistemático automático en todos los casos.
Datos personales y garantías legales
Uno de los puntos centrales del texto es la protección de datos. Solo se utilizarán los datos estrictamente necesarios —identificación del acreedor y número de cuenta— y la comunicación se realizará en el marco de un encargo de tratamiento conforme al Reglamento General de Protección de Datos y a la legislación española.
La resolución detalla además los derechos de los interesados y las vías de reclamación existentes.
En conjunto, la iniciativa no cambia quién cobra ni en qué condiciones, sino cómo se verifica la información antes de pagar. Se trata de una adaptación técnica que busca reducir incidencias, mejorar la eficiencia administrativa y alinear la gestión de la Comunidad Autónoma con los estándares europeos de seguridad y transparencia en los pagos públicos.
