El Gobierno de Bulgaria ha presentado su dimisión tres semanas después de que comenzaran masivas protestas en numerosas ciudades del país en rechazo a la corrupción, el coste de la vida y la falta de reformas políticas. La renuncia del ejecutivo, liderado por el primer ministro en funciones Nikolái Denkov, llega tras una intensa presión social que ha movilizado a decenas de miles de personas en las principales plazas y calles de Sofía, Plovdiv y otras localidades, exigiendo cambios profundos en la gestión pública y una mayor transparencia en las instituciones. Las manifestaciones, convocadas por organizaciones civiles, sindicatos y jóvenes críticos con la clase dirigente, han tenido como epicentro la capital, donde miles de manifestantes reclamaron la dimisión del Gobierno y la convocatoria de elecciones anticipadas como salida a la crisis política. La gravedad del malestar social se ha visto reflejada en la prolongación de las protestas y en su capacidad para congregar a sectores amplios de la sociedad, desde estudiantes hasta sindicatos y pequeños comerciantes indignados por la percepción generalizada de corrupción endémica en la élite política.
La dimisión del Gobierno ha sido descrita por analistas internacionales como una señal de agotamiento del pacto político que sustentaba al ejecutivo, así como de la incapacidad del mismo para responder a las demandas de rendición de cuentas y transparencia que han marcado el discurso de las calles. El presidente de Bulgaria, Rumen Radev, tendrá ahora la responsabilidad de gestionar el proceso de transición y convocar nuevas elecciones, donde los partidos tradicionales han visto erosionada su credibilidad ante una ciudadanía cada vez más escéptica y movilizada. Las fuerzas políticas deberán esforzarse por diseñar una agenda que atienda las demandas de la población, especialmente en materia de lucha contra la corrupción, refuerzo del Estado de derecho y mejoras socioeconómicas que puedan dar respuesta al creciente descontento social.
La dimisión del Gobierno búlgaro ha sido objeto de seguimiento por parte de la Unión Europea y organismos internacionales, que observan con atención la estabilidad política en un país que forma parte del bloque comunitario y que ha afrontado ya en los últimos años varios episodios de crisis políticas y protestas ciudadanas. La salida del ejecutivo abre ahora un periodo de incertidumbre institucional, con un calendario político aún por definir que deberá incluir medidas para restituir la confianza de la población en las instituciones y para avanzar en las reformas reclamadas por amplios sectores de la sociedad.
