El Tribunal Supremo ha despejado este miércoles el camino para que se celebre un juicio contra José Luis Ábalos y Koldo García por su presunta participación en la compraventa irregular de mascarillas durante la pandemia. En una decisión unánime, la Sala de lo Penal rechazó los recursos presentados por el exministro y su exasesor, ratificando así el auto del juez instructor, que el pasado 3 de noviembre dio por concluida la fase de instrucción y propuso elevar causa contra ellos y contra el comisionista Víctor de Aldama.
Los recursos —que buscaban frenar el procedimiento antes de juicio— fueron desestimados por considerar que existían indicios suficientes de delitos como malversación, prevaricación y fraude en la adjudicación de contratos públicos relativos a la compra de material sanitario. Con esta decisión, el Tribunal asegura que las pruebas recabadas justifican llevar el caso ante un tribunal de enjuiciamiento, abriendo una fase procesal decisiva tras más de dos años de investigación.
El caso se centra en contratos de suministro de mascarillas adquiridas durante los primeros meses críticos de la pandemia, cuando el estado de alarma y la urgencia imperante provocaron una avalancha de compra de material sanitario por parte del Estado. La acusación sostiene que los contratos se otorgaron sin los controles habituales, con sobrecostes importantes y con comisionistas intermedios que habrían obtenido grandes beneficios a costa de fondos públicos. Ábalos fue ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el momento de los hechos, y García actuaba como asesor.
Con la resolución del Supremo, se confirma la gravedad de las acusaciones y se intensifica el escrutinio público sobre lo que ya se había convertido en uno de los episodios más controvertidos de la gestión de la crisis sanitaria. La elevación a juicio supone que, si coincide con calendario procesal, los acusados deberán rendir cuentas ante un tribunal en los próximos meses.
Este paso del Tribunal Supremo refuerza la idea de que la Justicia considera que el caso no puede cerrarse con sobreseimiento ni caminos alternativos: la presunta trama de las mascarillas debe ser analizada en profundidad en sede judicial. La decisión además envía un mensaje claro sobre la necesidad de depurar responsabilidades en la gestión de contratos públicos durante situaciones excepcionales como la vivida en 2020.
