El Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad encabezado por Mónica García, ha anunciado que llevará a la Comunidad de Madrid ante la Justicia por negarse a implementar un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia en materia de aborto.
García ha calificado la actitud de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, como una “rebelión a la ley, a la democracia y a las mujeres”. La ministra ha concretado que ya se han iniciado los trámites para interponer un recurso contencioso-administrativo, dado que el plazo legal establecido para la creación de ese registro ha vencido sin que la Comunidad lo haya presentado.
El registro de objetores, obligatorio según la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2023, tiene por objetivo garantizar que quienes opten por ejercer su objeción no obstaculicen el derecho de otras personas a interrumpir su embarazo y, a su vez, proteger la integridad de aquellos profesionales que deciden no practicar abortos.
Desde la Comunidad de Madrid, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha defendido la postura regional acusando al Ministerio de imponer una “lista negra” de médicos y ha afirmado que prefieren que sea un tribunal el que determine la forma de proceder. Según Matute, la objeción de conciencia es un derecho fundamental de los profesionales sanitarios que no debe penalizarse.
Este choque institucional coloca al derecho al aborto en el centro del debate político: mientras el Ministerio reclama el cumplimiento de la ley para asegurar un acceso seguro y sin barreras, Madrid resiste argumentando respeto a la libertad de conciencia de sus profesionales sanitarios. Ahora será la vía judicial la que decida si la Comunidad de Madrid debe cumplir con la obligación legal de crear ese registro.
