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El Tribunal del Jurado, ese invento socialista que regresa, afilado. Tengamos en cuenta que La Constitución de 1978, en su artículo 125, prometió que los ciudadanos participarían en la Administración de Justicia. Para cumplirla, el Gobierno socialista de los noventa impulsó la Ley Orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado (LOTJ), con Juan Alberto Belloch como ministro de Justicia. Su idea: que un grupo de ciudadanos juzgara delitos como homicidio, cohecho, tráfico de influencias y, muy especialmente, malversación de caudales públicos. El argumento era impecable en apariencia: la corrupción debía ser vigilada por la mirada directa del pueblo, de la ciudadanía en terminus mas modernos.
De manual: por qué la malversación entra en el Jurado. La LOTJ, en su artículo 1, no deja resquicios: la malversación (arts. 432 a 434 del Código Penal) se juzga por jurado. El magistrado preside, aplica el derecho y dicta sentencia; los nueve ciudadanos que formen el Jurado por sorteo deciden si hay culpa o no. Era, en teoría, el antídoto perfecto contra las cloacas del poder… hasta que el antídoto se vuelve veneno para los propios inventores.
El veterano Peinado, titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, ha movido ficha:
Transformó la causa contra Begoña Gómez para que, si se abre juicio, la malversación se ventile ante jurado popular. Convocó a Gómez, a su asesora Cristina Álvarez y al delegado del Gobierno Francisco Martín para notificar la decisión. Lo hizo con una base legal que no admite discusión… pero con una motivación que considero frágil, ya que no cuantifica la presunta malversación.
Mientras La Moncloa grita lawfare y sus coros califican el movimiento de “juicio político”, Peinado se limita a recordar que la ley socialista le obliga.
El PSOE, arquitecto de este jurado popular, se topa ahora con su propia criatura. La democracia participativa que Belloch soñó para vigilar la corrupción puede acabar juzgando a la esposa del presidente que prometía regeneración.
La defensa puede impugnar el auto ante la Audiencia Provincial. Que lo hará. Si el tribunal aprecia falta de motivación o ve endeble el encaje de la malversación, podría anular la transformación. Pero, mientras, el relato político ya está servido: nueve ciudadanos anónimos, designados por sorteo, podrían decidir el destino procesal de Begoña Gómez. Y de paso recordarnos que las leyes no entienden de matrimonios, sino de artículos y delitos.
Ni justicia, ni pueblo: el blindaje sanchista. Mientras tanto, los sanchistas —que han hecho profesión de fe en denostar a jueces y magistrados cuando las togas les incomodan— descubren ahora que tampoco les gusta que el pueblo soberano juzgue. Es decir: no creen ni en el Poder Judicial ni en el pueblo.
Cuando un juez dicta un auto que roza a sus filas, gritan “lawfare”. Cuando la ley obliga a que nueve ciudadanos de a pie decidan sobre la malversación, braman que es “circo populista”. El mensaje real es tan cristalino como cínico: “A nosotros no se nos toca. Somos inmunes. Todo lo que no nos favorece es un bulo.”
Así, quienes dicen gobernar en nombre de la ciudadanía acaban revelando su verdadero credo: un poder sin control, sin jueces que estorben ni vecinos que juzguen.
El jurado popular, nacido para devolver la justicia a la calle, se convierte en el espejo que los delata.
