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El Gobierno español ha decidido enviar un buque militar al Mediterráneo oriental para respaldar a la llamada Flotilla de la Libertad, que intenta alcanzar la Franja de Gaza en plena escalada bélica. El anuncio, realizado por Pedro Sánchez en rueda de prensa este miércoles, llega en un momento en que el Ejecutivo afronta fuertes turbulencias políticas y judiciales en torno a su entorno familiar, lo que ha levantado sospechas sobre la oportunidad del gesto.
“España, por supuesto, va a proteger a sus compatriotas. Y lo vamos a hacer desde el punto de vista diplomático y político”, declaró el presidente. No obstante, Sánchez evitó aclarar cuáles serán exactamente las instrucciones del buque de acción marítima que zarpará este jueves desde Cartagena.
La decisión no está exenta de controversia. Enviar un navío militar a una zona donde Israel mantiene operaciones de bloqueo y donde ya ha advertido de que la flotilla no es bienvenida entraña un evidente riesgo diplomático y operativo. Tel Aviv había dejado claro que cualquier intento de romper el cerco marítimo podría derivar en la detención de las embarcaciones. En ese escenario, la presencia de un buque español añade una incógnita peligrosa: ¿intervendrá realmente si las fuerzas israelíes actúan contra la flotilla?
El despliegue también plantea un debate sobre costes y prioridades. Movilizar un buque de guerra, con tripulación y medios de rescate, supone un gasto significativo en un momento de tensiones presupuestarias y con un desenlace incierto sobre el terreno.
España sigue así los pasos de Italia, que ya ha enviado una fragata de la Marina Militar. Ambos gobiernos justifican el movimiento como una respuesta al ataque con ácido y explosivos contra varios barcos de la flotilla, incidente que dañó seriamente las comunicaciones y la seguridad de los activistas, entre los que se encuentran la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
Mientras tanto, los tripulantes de la Global Sumud Flotilla insisten en reclamar a los estados que “protejan de manera efectiva” a sus nacionales, mediante escoltas, observadores diplomáticos o una presencia oficial visible. Sin embargo, más allá de la retórica de solidaridad, la pregunta persiste: ¿hasta qué punto es prudente y sostenible que España asuma este pulso en una de las zonas más tensionadas del planeta?
