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El sistema Cometa, encargado del seguimiento telemático de agresores con orden de alejamiento en casos de violencia de género, ha sufrido fallos técnicos graves que, según la Fiscalía General del Estado, han provocado una “gran cantidad” de sobreseimientos provisionales y absoluciones de agresores por falta de pruebas.
El origen del problema se sitúa en 2023 cuando, a petición del Ministerio de Igualdad, se adjudicó el servicio a una nueva UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por una teleoperadora y una empresa de seguridad. Durante la transición entre los proveedores se produjo un fallo en el volcado de datos antiguos al sistema nuevo, lo que hizo que no se pudiera acceder a los registros de ubicación o movimientos de los agresores correspondientes a fechas anteriores al 20 de marzo de 2024.
La Fiscalía advierte que esta anomalía tuvo repercusiones tanto en la fase de instrucción en los juzgados de Violencia sobre la Mujer como en la fase de enjuiciamiento: la imposibilidad de aportar como prueba datos clave sobre la localización del investigado pudo hacer que se desestimaran delitos por quebrantamiento de la orden de alejamiento. En consecuencia, muchos procedimientos penales culminaron en sobreseimientos provisionales o absolutorios por carencia de pruebas esenciales.
Desde el Ministerio de Igualdad, a cargo del sistema, se reconoce que existieron “incidencias técnicas” debidas al cambio de contratista, pero aseguran que la situación ya está resuelta. La ministra Ana Redondo ha dicho que los fallos fueron detectados, se actuó para solucionarlos, y que para finales de 2024 se habían recuperado los datos antiguos. También sostiene que actualmente el sistema está operativo correctamente y con todos los registros integrados. Aunque la Fiscalía asegura en la memoria que se acabó de redactar en junio, que ni ha sido resuelto ni se sabe cuándo será.
Aun así, quedan incógnitas: la Fiscalía no ha cuantificado cuántos casos exactos se han visto afectados, ni ha precisado el número de absoluciones o sobreseimientos privativos que se derivaron del fallo. Tampoco está del todo claro el periodo exacto durante el que los datos fueron inaccesibles, más allá de que la fecha clave, el 20 de marzo de 2024, marca el fin de la migración de los datos.
Además del perjuicio judicial, las víctimas han señalado lo que supone vivir con la incertidumbre de no tener garantía de que el sistema funcione, que los dispositivos telemáticos detecten correctamente, que la localización se remita a los juzgados, etc. Esa “inseguridad” incluye la angustia de no saber si la pulsera funciona, de que el agresor pueda aproximarse sin que quede registro, de fallos de cobertura, o de demoras en la sustitución de equipos defectuosos.
El fallo genera la duda sobre la fiabilidad de estos mecanismos de protección, sobre la responsabilidad política de quienes hicieron los pliegos de la licitación, sobre los controles y auditorías a los contratistas, así como sobre el seguimiento judicial de la cadena de custodia de los datos. Algunos medios y partidos señalan que los pliegos técnicos exigían explícitamente la migración de los datos históricos, lo cual no se cumplió en la práctica en todos los casos.
Aunque la Administración afirma que ya se ha restablecido la normalidad operativa, el daño jurídico –y emocional– ya está hecho, y exige respuestas claras, responsabilidades visibles y transparencia para recuperar la confianza pública.
