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Junts per Catalunya ha dado un paso más en su estrategia de blindar el uso del catalán en el ámbito público y privado. La formación que lidera Carles Puigdemont ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno para introducir en la futura Ley de Atención a la Clientela una enmienda que obligaría a las grandes empresas que operan en España a garantizar la atención en catalán siempre que así lo solicite el cliente. La medida se aplicará a compañías con más de 250 empleados o con una facturación anual superior a los 50 millones de euros, y se extenderá también a sectores considerados de interés general, como las telecomunicaciones, la banca, la energía, el transporte o las aseguradoras.
El texto, presentado en el Congreso por el diputado de Junts, Josep Maria Cruset, detalla que las empresas deberán asegurarse de que sus servicios de atención al cliente cuenten con los medios humanos, materiales, técnicos y organizativos adecuados para cumplir con este derecho lingüístico. En la práctica, implicará que las compañías garanticen tanto la atención telefónica como la escrita en catalán y que ofrezcan formación a sus empleados para poder atender a la clientela en esta lengua cuando así se requiera. La obligación se mantendrá incluso si la atención es externalizada a través de terceros, de modo que ninguna empresa podrá eludir esta responsabilidad.
La enmienda se enmarca en la tramitación parlamentaria de la nueva ley, que se encuentra todavía en fase de ponencia y que acumula más de doscientas propuestas de modificación. El proceso legislativo prevé la aprobación de un informe en ponencia antes de que el texto definitivo se eleve al pleno del Congreso de los Diputados. Será en ese momento cuando se dirima si el compromiso adquirido con Junts se convierte en una realidad normativa. Fuentes de la formación independentista han advertido de que, si el Gobierno no incluye la redacción pactada en el articulado, sus diputados votarán en contra de la ley, lo que podría comprometer su aprobación.
El alcance de la medida trasciende a Cataluña, ya que obligará a todas las grandes empresas del país, con independencia de dónde tengan su sede, a ofrecer atención en catalán siempre que un cliente lo solicite. El compromiso se extiende también a las demás lenguas cooficiales, lo que refuerza la dimensión plurinacional de la propuesta. Para los defensores de la iniciativa, se trata de un avance en la protección de los derechos lingüísticos de millones de ciudadanos que, hasta ahora, se encontraban con dificultades para expresarse en su lengua propia en ámbitos como la atención telefónica o la relación con grandes corporaciones.
Diversos sectores empresariales ya han mostrado sus reservas por los costes que supondrá adaptar sus servicios a la nueva exigencia, especialmente en empresas que centralizan sus centros de atención fuera de Cataluña. También se plantean dudas jurídicas sobre la delimitación de competencias entre el Estado y la Generalitat, aunque Junts asegura que ha introducido una disposición adicional para evitar conflictos en este terreno.
La batalla por el catalán se traslada ahora al terreno de la atención al cliente, un ámbito cotidiano que afecta de manera directa a millones de consumidores y que podría convertirse en el próximo frente político y legislativo en España.
