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El Congreso ha sido testigo este martes de una nueva derrota para el Gobierno de coalición formado por PSOE y Sumar, al rechazarse la toma en consideración de la proposición de ley de Sumar para crear una Oficina de Prevención de la Corrupción, gracias a los votos conjuntos de PP, Vox y Junts. La iniciativa, impulsada hace más de un año, había sido reactivada recientemente en respuesta al caso “Koldo” y otras polémicas relacionadas con la corrupción que han sacudido al Ejecutivo.
Esta derrota parlamentaria se suma a la de la semana pasada, cuando los mismos grupos —PP, Vox y Junts— tumbaron la propuesta del Gobierno para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin merma salarial, norma estrella de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Esa medida también fue rechazada mediante enmiendas a la totalidad, con una votación que dejó claro el bloqueo parlamentario que enfrenta la coalición progresista en múltiples frentes institucionales.
En el debate parlamentario sobre la oficina anticorrupción, el argumento central de Sumar era que se requiere un organismo autónomo, de derecho público, con independencia orgánica y funcional, encargado de prevenir, detectar, investigar y sancionar la corrupción, el fraude, los conflictos de interés y el uso indebido de la información pública con fines privados. El texto incluía también la creación de un Registro Central de Infracciones y un régimen sancionador para casos leves, graves y muy graves.
PP defendió su rechazo afirmando que la proposición carece de concreción, que supone duplicar estructuras y que responde más a una operación política del Gobierno que a una necesidad real. Vox coincidió en términos similares, advirtiendo riesgos para la empresa privada y para la eficacia institucional. Junts, por su parte, alegó que en Cataluña ya existe una Oficina Antifraude desde 2008, que la nueva entidad estatal centralizaría competencias que deberían gestionarse desde lo autonómico, y que la iniciativa es una “ocurrencia de última hora”.
El desenlace ha sido un Parlamento que devuelve al Ejecutivo su texto sin posibilidad de trámite inmediato, dejando patente las limitaciones de una mayoría de investidura que depende de apoyos externos como los de Junts. En la coalición gobernante se argumenta que ambas derrotas —la de la oficina anticorrupción y la de la jornada laboral— marcan puntos de inflexión; se plantea ahora cómo reformular las propuestas, negociar con los partidos que han bloqueado las leyes, o explorar alternativas legales o reglamentarias para impulsar parte de los compromisos sociales del Gobierno.
El Ejecutivo no cuenta con una estabilidad parlamentaria suficiente para aprobar reformas estructurales, aunque mantiene respaldo social en algunas medidas, especialmente en la reducción de la jornada laboral.
