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Pedro Sánchez regresó este 1 de septiembre a la primera línea televisiva en una entrevista concedida a Pepa Bueno en el Telediario de TVE, un encuentro que buscaba proyectar firmeza pero que dejó tras de sí más incógnitas que certezas. El presidente defendió que la vivienda se convertirá en el “quinto pilar del Estado del bienestar” y habló de “andamiajes” para sostener esa política. Sin embargo, esa metáfora arquitectónica refleja mejor que nada la debilidad de la propuesta: todavía está en planos y promesas, sin plazos ni presupuestos definidos. La ciudadanía lleva años esperando soluciones concretas y escuchar que “hace falta tiempo y consistencia” suena más a aplazamiento que a compromiso.
Al abordar la corrupción, Sánchez insistió en que el PSOE actuó con “proporcionalidad” frente a los escándalos, recordando que la “corrupción sistemática” terminó con la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018. El recurso a comparar con el Partido Popular, un clásico en su discurso, sirve para desplazar la atención, pero no resuelve la cuestión esencial: si su propio partido ha blindado sus estructuras contra las malas prácticas o si la contundencia que proclama se queda en retórica defensiva. Más que contrastes con la oposición, lo que se espera de un presidente es transparencia y autocrítica.
Uno de los momentos más delicados de la entrevista llegó con sus palabras sobre la justicia. Sánchez aseguró que “hay jueces haciendo política” y defendió que tanto su esposa como su hermano son víctimas de ese “tribunal mediático”. Aun cuando la politización judicial es un debate real en España, que un jefe de Gobierno acuse a magistrados de actuar con fines partidistas erosiona la confianza institucional y proyecta la imagen de un poder ejecutivo a la defensiva. La estrategia de señalar al árbitro nunca ha fortalecido el juego democrático.
En la misma línea, el presidente salió en defensa del fiscal general del Estado, apelando al voto particular de un magistrado del Supremo para sostener que “no hay pruebas” que justifiquen un juicio. Sin embargo, un voto particular no invalida la decisión de un tribunal colegiado ni sustituye la necesidad de esclarecer hechos mediante la investigación judicial. Esa defensa personalista transmite la idea de que el Gobierno selecciona los argumentos que más le convienen en lugar de respetar escrupulosamente los cauces institucionales.
Sánchez también quiso marcar perfil en la emergencia climática, recordando que España ha registrado 20.000 muertes en cinco años a causa de fenómenos extremos. Aunque la cifra impresiona, el discurso quedó en un llamamiento genérico a un pacto de Estado. Ni un calendario de medidas urgentes, ni un compromiso legislativo concreto acompañaron sus palabras, lo que reduce el mensaje a un ejercicio de concienciación más propio de un foro académico que de un presidente con capacidad ejecutiva inmediata.
En definitiva, la entrevista en TVE mostró a un Pedro Sánchez más preocupado por defenderse de los embates políticos y judiciales que por desplegar un proyecto claro de gobierno. Promesas de vivienda a largo plazo, comparaciones con el pasado para justificar la gestión presente, ataques a jueces que minan la confianza en las instituciones y discursos climáticos sin medidas a corto plazo dibujaron un relato que busca ganar tiempo más que resolver problemas. En un momento de desafección ciudadana, el país no necesita más andamiajes discursivos, sino cimientos sólidos en forma de políticas concretas y verificables.
