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El Gobierno de Estados Unidos ha elevado este jueves hasta los 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto o condena del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al tiempo que lo ha vinculado directamente con el Cártel de Sinaloa. La fiscal general, Pam Bondi, anunció la medida en un mensaje difundido en la red social X, en el que calificó a Maduro de «uno de los mayores narcotraficantes del mundo» y una amenaza a la seguridad nacional. Esta cuantía dobla la recompensa anterior, de 25 millones, establecida por la administración Biden.
El comunicado del Departamento de Justicia y del Departamento de Estado acusó a Maduro de colaborar con organizaciones criminales como el Tren de Aragua, el Cártel de los Soles y el propio Cártel de Sinaloa, todos ellos implicados en el envío masivo de drogas hacia Estados Unidos. Se aclaró que la DEA ha incautado más de 30 toneladas de cocaína vinculadas al entorno de Maduro, con aproximadamente 7 toneladas directamente relacionadas con él, lo que supone una fuente principal de ingresos para estas redes criminales.
Además, el Departamento del Tesoro estadounidense ya había incluido al Cártel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas especialmente designadas, considerando que está liderado desde hace más de una década por Maduro y Diosdado Cabello, y apoyando al Tren de Aragua y al Cártel de Sinaloa.
La respuesta venezolana no se hizo esperar. El ministro de Exteriores, Yván Gil, calificó el anuncio como una «cortina de humo ridícula» y una operación de propaganda política orquestada para desacreditar al país. Por su parte, el Gobierno de México expresó cautela: su presidenta, Claudia Sheinbaum, afirmó que México no cuenta con evidencia que vincule a Maduro con el Cártel de Sinaloa, algo que considera necesario antes de iniciar una investigación.
Este nuevo incremento de la recompensa se inscribe en una ofensiva reforzada de Estados Unidos para presionar al régimen venezolano, que ya había sido objeto de sanciones financieras y acusaciones por narcoterrorismo, tráfico de drogas y corrupción. Se trata de una estrategia destinada a intensificar la presión internacional y fomentar la cooperación global en su contra.
