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El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado cargos contra Roger Piñate, cofundador de la empresa tecnológica electoral Smartmatic, por un presunto soborno a Tibisay Lucena Ramírez, expresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela. Según la acusación formal presentada por fiscales del Distrito Sur de Florida, Piñate transfirió entre abril y julio de 2019 una residencia de alto standing en Caracas, equipada con piscina y situada en una zona de clase media alta, a través de una empresa fantasma extranjera, con el fin de asegurar favores políticos de Lucena en una disputa con el Gobierno tras las denuncias de manipulación de votos en la elección de la Asamblea Constituyente de 2017.
El presunto soborno habría sido una contraprestación por el apoyo de Lucena al restablecimiento del estatus operativo de Smartmatic como proveedor del sistema electoral. Smartmatic abandonó Venezuela en 2018 tras denunciar públicamente irregularidades en los resultados oficiales de la Constituyente, señalando una diferencia de al menos un millón de votos entre lo observado y lo proclamado. Aunque la empresa ha mantenido una fuerte presencia internacional desde su creación en EEUU en el año 2000 por ingenieros venezolanos, estas acusaciones marcan un punto de inflexión para su reputación.
La firma Smartmatic ha rechazado categóricamente las imputaciones. A través de un comunicado, negó haber tenido cualquier negocio en Venezuela desde agosto de 2017, y subrayó que actúa con ética y transparencia. Aseguró que las acusaciones de la fiscalía contienen «tergiversaciones» y carecen de fundamento dentro del marco legal adecuado.
Este caso forma parte de una investigación más amplia que también involucra a directivos acusados de soborno y lavado de dinero en operaciones electorales en Filipinas, donde se habría desviado más de un millón de dólares mediante sobrecostes en contratos y pagos encubiertos a funcionarios. La conexión entre ambos escándalos reside en los mismos ejecutivos y en la estrategia ilegal para mantener contratos lucrativos con entes electorales extranjeros.
La denuncia se basa en documentación judicial que incluye contratos falsos, comunicación codificada entre conspiradores y pruebas sobre el inmueble transferido. Se argumenta que la entrega de la vivienda fue instrumental para obtener una postura favorable de Lucena en el marco de la relación contractual que Smartmatic mantenía con el Estado venezolano.
Este es el primer caso en que una empresa electoral acusada por fraude electoral también es señalada por soborno directo a una autoridad electoral. La combinación de ambas acusaciones, en lugares tan delicados como Venezuela y Filipinas, representa un desafío al estatus internacional de Smartmatic como proveedor neutral de tecnología electoral.
