El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ha citado a declarar como imputada a María Leire Díez Castro, exmilitante socialista y periodista, por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, tras admitir a trámite una denuncia presentada por la organización Hazte Oír. El mismo magistrado, Arturo Zamarriego, ha llamado también como testigo al abogado Jacobo Teijelo, quien defendió a Santos Cerdán en la causa conocida como ‘caso Koldo’.
El auto judicial señala que Leire Díez habría participado en una reunión en febrero de 2025 con empresarios y representantes legales, como Javier Pérez Dolset y Alejandro Hamlyn, con el objetivo de obtener información comprometedora sobre el teniente coronel Antonio Balas Dávila, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO. A cambio, según se escucha en los audios filtrados, ofrecía favores judiciales e intermediación con la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
El juez ha fijado la comparecencia de Díez para el 11 de noviembre y ha citado como testigos ese mismo día a Pérez Dolset, a Teijelo y al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado asimismo en el llamado ‘caso Koldo’.
La Fiscalía de Delitos Económicos ha avalado esta investigación, considerando que los audios evidencian indicios de la posible comisión de varios delitos, entre ellos cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos y estafa procesal. Asimismo, asociaciones como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Vox e Iustitia Europa han presentado denuncias adicionales por presunta obstrucción a la Justicia en la labor de la UCO.
Leire Díez ha reconocido la autenticidad de los audios, aunque asegura que los encuentros respondían a una investigación periodística para un libro sobre las «cloacas del Estado», y niega haber actuado en representación del PSOE o bajo instrucciones políticas.
Las investigaciones que dirige la UCO, lideradas por Antonio Balas, incluyen causas de alto perfil como el caso Koldo, las investigaciones sobre la esposa y el hermano del presidente del Gobierno, Begoña Gómez y David Sánchez, así como procedimientos que involucran al fiscal general del Estado.
La citación judicial no prejuzga la culpabilidad. Por ahora se investiga la veracidad de los hechos relatados en los audios filtrados, y queda por determinar si las diligencias avanzan hacia un posible juicio oral o quedan archivadas en función de nuevas pruebas.
