José María Ángel Batalla, el comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la DANA, ha presentado su dimisión irrevocable tras intensificarse la controversia por un presunto título falso que utilizó para acceder a una plaza de funcionario en la Diputación de Valencia hace más de cuatro décadas. La renuncia se formalizó mediante un escrito dirigido al Ministerio de Política Territorial, en el que Batalla defendió su honorabilidad y negó haber falsificado documentación, calificando su salida como un acto personal frente a lo que describió como una «campaña inquisitorial».
La Agencia Valenciana Antifraude había remitido a la Fiscalía Anticorrupción un informe en el que concluía que el título de «Diplomado en Archivística y Biblioteconomía» de 1983, recogido en su expediente, “presumiblemente es falso”, ya que la Universidad de València no ofrecía ese grado hasta 1990 y no hay constancia de que lo cursara ni finalizara. La institución académica corroboró que no hay registros oficiales de esa titulación en ese periodo.
Batalla anunció también su retiro de la presidencia del PSPV-PSOE valenciano y su jubilación, justificando que ha sufrido un «ataque injustificado» que le ha causado un daño personal “enorme” y que su permanencia en los cargos contribuiría a una “campaña de desgaste político”.
La dimisión también se asemeja al cumplimiento de exigencias por parte del PP, que había reclamado su cese inmediato, acusando al Gobierno central de haber nombrado a “un estafador” y considerando que la renuncia llegaba demasiado tarde, solo tras haber sido “pillado cometiendo un presunto delito”. El propio líder popular, Alberto Núñez Feijóo, vinculó la dimisión a una falta de respuesta del Ejecutivo frente a las víctimas de la DANA y exigió transparencia en el proceso.
La Fiscalía Anticorrupción continúa su investigación, valorando posibles delitos como falsedad documental e ilícito administrativo, mientras que la Diputación de Valencia ha anunciado la anulación de la plaza que ocupaba Batalla y su posible personación en el procedimiento judicial. Además, se mantiene abierta la investigación sobre la esposa del comisionado, cuyo nombramiento como subdirectora del MuVIM ha sido cuestionado por presunta ausencia de titulación académica conforme a los requisitos del cargo.
El Gobierno central, por su parte, ha adoptado una postura de prudencia institucional y ha pospuesto cualquier decisión significativa hasta conocer el desarrollo de las diligencias judiciales. El nombramiento de su sucesora, Zulima Pérez Seguí —doctora en Derecho y con amplia trayectoria en gestión pública—, está previsto para el próximo 26 de agosto, tras la primera reunión del Consejo de Ministros después del paréntesis veraniego.
Desde sectores del PSOE valenciano, como Diana Morant, se defendió la trayectoria de Batalla y se criticó la filtración de la investigación antes de que él pudiese ejercer derecho de defensa. Sin embargo, otros analistas han destacado que este caso puede marcar un punto de inflexión en el escrutinio sobre los perfiles académicos de cargos públicos, especialmente en contextos de emergencia como la DANA, que dejó más de 220 muertos en octubre de 2024.
La dimisión de José María Ángel Batalla, figura clave en la respuesta oficial tras la catástrofe, cierra una etapa marcada por su prolongada carrera política en la Comunitat Valenciana. No obstante, el caso seguirá desplegándose judicial y mediáticamente en los próximos meses, con especial atención a cómo se resuelven las investigaciones sobre su formación y la implicación de su entorno más cercano.
