La Diputación de Valencia ha decidido ampliar sus pesquisas internas a la esposa de José María Ángel Batalla, comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la DANA, después de que la Agencia Valenciana Antifraude remitiera a la Fiscalía un informe que pone en tela de juicio tanto el acceso de Ángel a su plaza de funcionario como el de su pareja al puesto de alta dirección en la institución provincial.
La investigación inicial del organismo autonómico concluye que Ángel Batalla habría presentado un título de diplomado en Archivística y Biblioteconomía —supuestamente expedido por la Universitat de València en la década de 1980— que no consta como oficial en los registros académicos y que él nunca llegó a finalizar. La Agencia considera que, mediante esa titulación, obtuvo una categoría de funcionario (grupo A2) y emolumentos superiores a los que le correspondían por formación real.
A raíz de esta revelación, la Diputación ha abierto un expediente reservado de información dirigido a Carmen Ninet, esposa de Ángel, que ocupa desde 2016 la subdirección del Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM) en categoría A1. El objetivo es verificar que su nombramiento cumpliera con las exigencias formativas oficiales, dado que no consta que posea una licenciatura universitaria.
El presidente provincial, Vicent Mompó (PP), respaldó la decisión del procedimiento e indicó que no se descarta personarse en el hipotético proceso judicial abierto por la Fiscalía, ni reclamar la devolución de sueldos percibidos indebidamente si se prueba favor indebido.
En el ámbito político, el PP ha exigido el cese inmediato de Ángel Batalla como comisionado y dentro de la estructura del PSPV, acusándole de falsificación documental y fraude continuado. Su portavoz en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, advirtió de que de confirmarse el uso indebido de un título falso, podrían dejarse sin efectos todos los actos administrativos firmados por el comisionado. La portavoz nacional del partido, Ester Muñoz, calificó los hechos como «muy graves» y presuntamente delictivos.
Frente a esto, el PSPV ha reaccionado con reservas y defensa. Su portavoz, Jordi Mayor, ha calificado a Ángel Batalla como un “servidor público ejemplar” y criticó la filtración por considerar que fue orquestada políticamente cuando se cumplen nueve meses de la DANA. Mientras, Susana Camarero, vicepresidenta del Consell y portavoz del PSPV-PSOE, denunció el “silencio cómplice” de su partido ante lo que considera una acusación grave sin explicaciones públicas de Ángel, reclamando que se pronuncien públicamente las autoridades socialistas valencianas y nacionales.
Por su parte, Ángel Batalla emitió un comunicado negando cualquier irregularidad para acceder a la administración, argumentando que en los años 80 bastaba con el bachiller como requisito y que aportó múltiples méritos y certificados complementarios para promocionar en 1986 al grupo A2, cuando ya ocupaba una plaza de función pública. También censuró haber conocido la investigación por la prensa, sin haber sido notificado formalmente ni poder ejercer su derecho a defenderse.
En conjunto, este caso ha desembocado en la apertura de al menos cuatro expedientes internos en la Diputación —tres sobre el comisionado y uno sobre su esposa— así como posibles pesquisas a altos cargos de personal que validaron su acceso sin comprobar adecuadamente la autenticidad del título universitario.
