Un general retirado y exasesor del expresidente Jair Bolsonaro, Mário Fernandes, ha reconocido ante la Corte Suprema de Brasil haber ideado un complot denominado “Puñal Verde y Amarillo” con el objetivo de asesinar al presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, así como al vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez del Supremo Alexandre de Moraes, en diciembre de 2022. La confesión forma parte del juicio que investiga un intento de golpe de Estado para impedir la transición democrática tras la derrota electoral de Bolsonaro.
Según la investigación, Fernandes redactó un documento detallado con métodos como el envenenamiento, uso de armas, explosivos y vigilancia clandestina. Este fue impreso en tres copias en el Palacio del Planalto pocos días después de las elecciones y habría sido compartido con Bolsonaro en la residencia oficial, aunque el general afirma que fue solo un “estudio privado” que nunca distribuyó.
La Policía Federal, a través de la Operación «Contragolpe», documentó que entre los implicados estuvieron cinco miembros de élite militar conocidos como los «kids pretos», además de agentes de la Policía Federal. La trama, según el informe, estaba diseñada para detener la investidura de Lula el 1 de enero de 2023 y neutralizar a Morales, Alckmin y otros actores clave del sistema institucional brasileño.
El procurador general Paulo Gonet presentó una denuncia en febrero de 2025 ante el Supremo anunciando que Bolsonaro tenía pleno conocimiento del plan, lo habría aprobado y supervisado su avance. El documento enviaba mensajes claros: “Lula no sube la rampa”, refiriéndose a su investidura, y contemplaba despliegues militares en caso de resistencia política.
El Supremo de Brasil procesó en noviembre de 2024 a Bolsonaro y a 36 personas más por su presunta participación en la formación de una organización criminal armada y por conspiración para asesinar líderes del Estado democrático. El expresidente negó rotundamente los cargos, calificándolos de persecución política. Actualmente, está bajo medidas cautelares: uso de tobillo electrónico, prohibición de redes sociales y restricción de contacto diplomático.
El juicio promoverá testimonios adicionales y peritajes técnicos sobre la autoría del documento, su reparto y la conexión directa entre Bolsonaro y los militares implicados. Fernandes se expone a años de inhabilitación y reclusión. Bolsonaro, de ser hallado culpable, podría enfrentarse a mas de 40 años de prisión.
Este caso representa uno de los episodios más graves en la historia democrática de Brasil. La revelación de un complot documentado, perpetrado por mandos militares y con aval político institucional, ha puesto en entredicho la estabilidad del sistema electoral. Expertos consideran que el juicio sobre Bolsonaro marcará un antes y un después para la confianza democrática, con potencial impacto en las relaciones internacionales, especialmente con Estados Unidos, ante acusaciones de interferencia.
