La Audiencia Nacional ha ampliado los delitos atribuidos a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, tras un nuevo hallazgo de la Guardia Civil. Durante un registro ordenado por el juez Ismael Moreno el pasado 26 de junio, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) localizaron en su domicilio un documento relacionado con el suministro de cinco millones de mascarillas. Este hallazgo ha motivado la inclusión de cohecho, prevaricación y pertenencia a organización criminal, que se suman a los delitos ya investigados de malversación y tráfico de influencias.
El registro, autorizado por el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, responde a la investigación del llamado caso Koldo, que indaga en posibles adjudicaciones irregulares de contratos públicos durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. El juez pidió expresamente a la UCO que obtuviera toda la documentación relevante para esclarecer las operaciones financieras, origen y destino de los fondos vinculados a la causa.
Además de documentos físicos, los agentes accedieron al contenido de la cuenta de correo electrónico de Pardo de Vera, así como a su carpeta de Dropbox. También inspeccionaron su conversación de WhatsApp con su marido, presente durante el operativo, y quien facilitó voluntariamente su teléfono móvil.
El foco de la investigación se centra ahora en determinar si, desde la presidencia de Adif, Pardo de Vera habría facilitado información sobre expedientes o licitaciones siguiendo instrucciones indirectas del entonces ministro Ábalos, a través de su asesor, Koldo García.
Otra línea de investigación: el nombramiento de Jésica Rodríguez
No es la primera vez que la expresidenta de Adif comparece como investigada. Ya el pasado mes de mayo, el mismo juzgado la citó por la presunta contratación irregular de Jésica Rodríguez, ex pareja del exministro Ábalos. La Audiencia Nacional ha fijado una nueva comparecencia para el próximo 21 de julio, esta vez en el marco de la investigación sobre una presunta red de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública. La trama afecta también al propio Ábalos, a su exasesor Koldo García, y al ex número tres del PSOE, Santos Cerdán, actualmente en prisión provisional.
El caso ha escalado hasta el Tribunal Supremo, que ya ha trasladado los indicios recabados por la UCO al magistrado instructor Leopoldo Puente. En un informe reciente la Guardia Civil detalla que tanto Pardo de Vera como el exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, habrían colaborado con Ábalos para facilitar contratos públicos a empresas afines.
El informe señala que Koldo García intercedió en varias ocasiones ante Pardo de Vera para influir en adjudicaciones concretas, y apunta a un patrón de discrecionalidad en la asignación de contratos. “Las gestiones realizadas por Isabel Pardo de Vera para beneficiar a determinadas constructoras deben analizarse junto a las conversaciones entre Koldo y Ábalos, de las que se deduce un uso arbitrario de los recursos públicos”, recoge el escrito.
El exministro Ábalos, que lideró Transportes entre 2018 y 2021, está siendo investigado en el Supremo por presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, aunque el juez no descarta sumar la acusación por malversación en función de los avances de la causa.
