La Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha rechazado aplicar la Ley de Amnistía al delito de malversación que se imputa al expresidente catalán Carles Puigdemont y al exconseller Antoni Comín, en el marco del caso del ‘procés’. Con esta decisión, el alto tribunal allana el camino para que ambos dirigentes independentistas puedan presentar recurso ante el Tribunal Constitucional.
En un auto emitido este miércoles, la Sala desestima los incidentes de nulidad de actuaciones planteados por Puigdemont y Comín contra la resolución del pasado 9 de abril, en la que ya se confirmaba la exclusión del delito de malversación de la aplicación de la amnistía. Según el Supremo, las alegaciones sobre la supuesta falta de competencia del tribunal constituyen un «manifiesto abuso de derecho», al haberse planteado sin base jurídica ni previo aviso a las partes, impidiendo así un adecuado ejercicio de defensa.
El expresident había acusado al tribunal de mantener una «resistencia virulenta» a la hora de aplicar la norma aprobada por el Congreso. En su escrito, su abogado, Gonzalo Boye, reconocía que este paso era un mero “trámite procesal” necesario para poder acudir al Tribunal Constitucional, donde se espera que se dirima el fondo del asunto.
Puigdemont y Comín seguirán así los pasos de otros líderes del procés como Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull, quienes ya han solicitado amparo al Constitucional. Sin embargo, según fuentes jurídicas, sus recursos no se resolverán antes del próximo otoño.
En su auto, el Supremo también critica que las defensas hayan obviado los múltiples pronunciamientos previos, tanto del instructor Pablo Llarena como de la Sala, que han ratificado la competencia del tribunal para juzgar estos hechos. El tribunal recuerda que esta cuestión ya fue planteada en varias ocasiones y siempre ha sido rechazada.
La vía constitucional se presenta ahora como la última oportunidad para que Puigdemont y Comín intenten revertir la negativa del Supremo a aplicarles la amnistía por malversación, uno de los puntos más controvertidos de la ley impulsada por el Gobierno para resolver judicialmente el conflicto catalán.
