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Un contrato privado hallado en un registro domiciliario ha puesto de nuevo en entredicho la transparencia de las conexiones entre el poder político y las adjudicaciones públicas. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido al Tribunal Supremo un documento que plantea serias dudas sobre la implicación del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en la constructora navarra Servinabar, una empresa presuntamente vinculada a la trama Koldo.
El documento en cuestión, firmado por el propio Cerdán y Antxón Alonso —fundador y administrador de la empresa— y fechado el 1 de junio de 2016, acredita la compraventa de 1.350 participaciones sociales por un importe total de 6.000 euros. Sin embargo, lo verdaderamente alarmante no es solo el contenido del contrato, sino el secretismo que lo ha rodeado: nunca fue inscrito en el Registro Mercantil y no se declaró públicamente en los registros de bienes del dirigente socialista.
Negaciones, contradicciones y un silencio ensordecedor
Mientras que Cerdán continúa desmarcándose del documento y asegurando que nunca fue socio de la empresa, Servinabar tampoco reconoce su entrada como accionista. En un comunicado reciente, la empresa ha asegurado que «no existe ninguna escritura» que respalde la operación y que cualquier vínculo entre ambos responde únicamente a una amistad «ajena a las actividades profesionales». Un argumento que, lejos de disipar dudas, alimenta la sospecha sobre las prácticas poco transparentes de la compañía.
La situación se vuelve más preocupante si se considera que Servinabar obtuvo contratos públicos por más de 80 millones de euros, muchos de ellos durante el periodo en que, según las grabaciones del exasesor de José Luis Ábalos, se fraguaban presuntas adjudicaciones irregulares a cambio de comisiones. La Guardia Civil ha detectado al menos dos licitaciones públicas en las que el papel de Servinabar fue dudoso, subrayando que su «valor añadido» en los proyectos era, cuando menos, discutible. En cambio, sí se resalta la «influencia» de Cerdán como posible factor decisivo en la obtención de dichos contratos.
¿Influencia política para fines empresariales?
El nombre de Servinabar aparece vinculado a concursos como el del Navarra Arena, valorado en 3,7 millones de euros, o el del túnel de Belate, presupuestado en 76 millones. En varios de estos procesos, la empresa concursó de la mano de Acciona, en un entramado en el que también aparece el nombre de Fernando Merino, ex directivo de esta compañía y supuesto nexo con el Ministerio de Transportes desde 2018.
Ante la gravedad de los hechos, sorprende la falta de explicaciones contundentes por parte del PSOE o del propio Cerdán, cuya responsabilidad política debería incluir la rendición de cuentas con absoluta claridad. También queda en entredicho la falta de mecanismos eficaces para detectar y prevenir la ocultación de vínculos empresariales entre cargos públicos y empresas contratistas.
La entrega de este contrato al Supremo podría marcar un punto de inflexión en la investigación de la trama Koldo, pero el alcance político del asunto va más allá. La sombra de una posible red de favores entre políticos y contratistas sigue proyectándose sobre las instituciones, debilitando la confianza pública en las estructuras de poder. La clave, una vez más, estará en la voluntad de esclarecer los hechos con transparencia… o en la decisión de seguir enterrándolos bajo el ruido.
