Desde primera hora de este viernes, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han accedido a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, así como a las oficinas de ADIF, el Ministerio de Transportes y la Dirección General de Carreteras, en el marco de la investigación del caso Koldo.
El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha autorizado una nueva serie de diligencias, recogidas en un auto de 46 páginas, que amplían la investigación. Entre ellas, destaca la orden al PSOE para permitir el acceso físico de los agentes a su sede, con el objetivo de clonar y analizar el contenido del correo corporativo que utilizó Santos Cerdán durante su etapa como secretario de Organización del partido.
Según el auto, Cerdán habría usado esta cuenta para intercambiar comunicaciones con Koldo García, también investigado, relacionadas con supuestas adjudicaciones irregulares de contratos públicos a cambio de comisiones. El documento indica que fue el propio Cerdán quien facilitó esa dirección de correo a García para mantener dicho contacto.
También se accede al correo de Ábalos como ministro
Además del correo de Cerdán, el juez ha ordenado al Ministerio de Transportes permitir el acceso y clonado del correo electrónico oficial utilizado por José Luis Ábalos durante su mandato como ministro. Ambas medidas se suman a las ya acordadas previamente en materia económica.
En esta línea, el magistrado ha autorizado a la UCO a investigar las cuentas bancarias, productos financieros, bienes inmuebles y vehículos en los que Cerdán figure como titular o autorizado, salvo aquellos vinculados directamente al PSOE o a la Fundación Pablo Iglesias. También se ha dado luz verde al acceso a su información tributaria para analizar la evolución de su patrimonio.
Revisión de 500 cuentas bancarias y cinco empresarios investigados
La investigación económica se extiende más allá del ámbito político. El juez ha ordenado examinar las cuentas bancarias de cinco empresarios señalados en un informe de la UCO del 5 de junio por su presunta implicación en adjudicaciones irregulares de contratos públicos. En total, se investigan unas 500 cuentas bancarias.
Los empresarios investigados son Antonio y Daniel Fernández Menéndez, Fernando Agustín Merino Vera, José Ruz Martínez y Joseba Antxón Alonso Egurrola. Este último ya fue objeto de registros en los que se encontraron 16.180 euros en efectivo, además de documentación relevante, incluyendo un contrato privado de 2016 en el que cedía a Cerdán el 45% de las participaciones de la empresa Servinabar, también bajo investigación.
Adjudicaciones bajo sospecha en ADIF y Carreteras
El juez ha solicitado además a ADIF y a la Dirección General de Carreteras la entrega de los expedientes completos de varias obras públicas adjudicadas durante la gestión de Ábalos. Entre los proyectos investigados figuran obras en San Feliú de Llobregat, El Mayor, Murcia, Monforte, Asturias, Logroño, Sevilla, Úbeda, Teruel y varios tramos del Camino de Santiago.
El auto judicial recoge que existen «indicios consistentes» de que altos cargos de ADIF, como Isabel Pardo de Vera, y de Carreteras, como Javier Herrero, pudieron facilitar información privilegiada a los miembros de la supuesta trama, siguiendo directrices del entorno del entonces ministro.
Cerdán deberá declarar como investigado el 30 de junio
Tras su reciente dimisión como diputado y la consiguiente pérdida de aforamiento, Santos Cerdán deberá comparecer de forma obligatoria ante el Supremo, ya en calidad de investigado. Su declaración ha sido fijada para el próximo 30 de junio, tras haber solicitado su defensa un aplazamiento para preparar el interrogatorio, debido al reciente cambio de abogado.
Por el momento, el juez ha rechazado autorizar registros en el domicilio y despacho de Cerdán, como pedía la acusación popular, aunque no descarta nuevas diligencias conforme avance la instrucción.
