Leire Díez, militante socialista implicada en una controversia por audios que la vinculan a maniobras para obtener información comprometedora contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, solicitó este martes su baja voluntaria como afiliada del PSOE tras una reunión de más de dos horas con los servicios jurídicos del partido en su sede de Ferraz, Madrid. La decisión, comunicada por el PSOE, pone fin al expediente informativo abierto contra ella y busca mitigar el daño reputacional al partido en medio de una intensa tormenta política.
Díez, exconcejal en Vega de Pas (Cantabria) y antigua responsable de comunicación del PSOE cántabro, fue señalada tras la publicación de grabaciones por El Confidencial el 26 de mayo de 2025, donde ofrecía supuestos tratos a empresarios investigados, como Javier Pérez Dolset, a cambio de datos que pudieran desacreditar a mandos de la UCO y al fiscal anticorrupción José Grinda. En los audios, Díez se refería a la Guardia Civil como “la camorra” e insinuaba influencias en la Fiscalía y la Abogacía del Estado, lo que desató críticas de la oposición, especialmente del Partido Popular (PP), que presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción acusándola de corrupción, cohecho y organización criminal.
Tras su comparecencia en Ferraz, donde también mantuvo una breve conversación con el secretario de Organización, Santos Cerdán, Díez evitó hacer declaraciones a la prensa, pero anunció una rueda de prensa para el miércoles 4 de junio a las 10:00 en un hotel de Madrid, donde explicará las razones de su salida y su supuesta investigación sobre las “cloacas del Estado”. La militante ha defendido que sus acciones formaban parte de un proyecto periodístico para un libro sobre el caso de hidrocarburos y ha negado actuar bajo órdenes del PSOE o del Gobierno, aunque fuentes internas del partido han expresado incredulidad ante esta versión.
El PSOE, que inicialmente mostró una reacción tibia al escándalo, ha negado que Díez fuera una emisaria oficial o tuviera un rol de confianza en la cúpula, destacando que actuó por iniciativa propia. La baja voluntaria, según el partido, suspende cualquier medida disciplinaria, aunque no exime a Díez de posibles consecuencias legales, ya que el PP insiste en que las grabaciones evidencian una “guerra sucia” orquestada desde el entorno socialista.
El escándalo ha exacerbado las tensiones dentro del PSOE, con figuras como Emiliano García-Page exigiendo una respuesta contundente para proteger la imagen del partido. El silencio del presidente Pedro Sánchez ha avivado las críticas, con el PP liderado por Alberto Núñez Feijóo aprovechando el caso para convocar una manifestación el 8 de junio contra el Gobierno. La salida de Díez podría cerrar un capítulo interno para el PSOE, pero el caso sigue abierto en el ámbito judicial y mediático.
