El gobierno de Donald Trump intensificó este miércoles su ofensiva contra la Universidad de Harvard, amenazando con revocar su capacidad para inscribir estudiantes internacionales si no entrega registros detallados sobre sus titulares de visas extranjeras. La medida, encabezada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se enmarca en una campaña más amplia contra universidades de élite, con Harvard enfrentando un congelamiento de más de 2.300 millones de dólares en fondos federales y la posible pérdida de su estatus de exención fiscal.
En una carta enviada a Harvard, Noem exigió que antes del 30 de abril se proporcionen datos sobre lo que describió como “actividades ilegales y violentas” de estudiantes extranjeros, acusando a la universidad de crear un “entorno hostil para estudiantes judíos” por su gestión de protestas pro-palestinas. Si no cumple, Harvard podría perder su certificación en el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP), lo que le impediría acoger a más de 10.000 estudiantes internacionales, quienes representan el 27% de su matrícula y contribuyen significativamente a su fondo patrimonial de 51.000 millones de dólares. Noem también anunció la cancelación de dos subvenciones del Departamento de Seguridad Nacional por 2,7 millones de dólares, acusando a Harvard de producir “propaganda de salud pública” y estudios que tildan a los conservadores de “disidentes de extrema derecha”.
La escalada se produce tras la negativa de Harvard, el pasado lunes, a cumplir una serie de demandas de la Casa Blanca, que incluían eliminar programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), prohibir mascarillas en protestas en el campus, garantizar “diversidad de puntos de vista” en departamentos académicos e informar a las autoridades federales sobre estudiantes extranjeros que violen códigos de conducta. El presidente de Harvard, Alan Garber, rechazó estas demandas como “aserciones de poder sin precedentes” que violan la libertad de expresión constitucional y la Ley de Derechos Civiles, declarando: “La universidad no renunciará a su independencia ni cederá sus derechos constitucionales”. Las acciones del gobierno, argumentó Garber, amenazan la libertad académica y la capacidad de la universidad para realizar investigaciones independientes.
Algunos usuarios aplauden la presión de Trump como una forma de “poner en orden” a las universidades progresistas, mientras que otros acusan a la administración de atacar la autonomía académica y discriminar a estudiantes extranjeros. Estas opiniones, sin embargo, son subjetivas y no constituyen hechos verificados.
El enfrentamiento con Harvard se suma a las recientes políticas migratorias de Trump, que incluyen restricciones a visas estudiantiles y laborales. La amenaza llega en un momento crítico para las universidades estadounidenses, que dependen de estudiantes internacionales para financiar investigaciones y mantener su prestigio global. Por ahora, Harvard ha prometido resistir legalmente, pero la posibilidad de una prohibición de matrículas extranjeras plantea un desafío sin precedentes que podría redefinir las relaciones entre el gobierno federal y las instituciones académicas de élite.
