En medio de una creciente crisis del acceso a la vivienda en España, el grupo parlamentario Sumar ha presentado una ambiciosa batería de medidas en el Congreso de los Diputados que buscan redefinir el papel del Estado en materia de vivienda. La propuesta incluye, entre otras iniciativas, la nacionalización de viviendas amenazadas por desahucios, así como la expropiación de pisos vacíos en manos de grandes propietarios, bancos y fondos de inversión.
La portavoz del grupo, Íñigo Errejón, ha defendido que estas medidas son necesarias “para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y combatir la especulación que está expulsando a miles de familias del mercado residencial”.
Entre los puntos clave del plan de Sumar figura el objetivo de ampliar el parque público de vivienda hasta el 10% del total en 2027 y alcanzar el 20% en 2035, lo que supondría una transformación estructural del modelo actual. Para ello, proponen la construcción de 150.000 viviendas públicas al año, junto a medidas para frenar la acumulación de inmuebles vacíos por parte de grandes tenedores.
Además, el grupo propone destinar el 2% del PIB a políticas de vivienda de forma sostenida durante la próxima década. Esto implicaría un incremento considerable del gasto público en este ámbito, con inversiones destinadas a construcción, rehabilitación y gestión social de viviendas.
Una de las medidas más polémicas es la propuesta de expropiar viviendas vacías que estén en manos de bancos, fondos buitre o grandes tenedores, siempre que permanezcan desocupadas más allá de los plazos establecidos por ley. Según Sumar, muchas de estas viviendas “no cumplen ninguna función social” y están siendo usadas “como activos especulativos”.
También han planteado la prohibición de compra de viviendas por parte de personas jurídicas, con el fin de frenar el fenómeno de la financiarización del mercado inmobiliario. Como parte de este bloque de reformas, Sumar exige la derogación de la ley de las SOCIMIs, entidades que se benefician de una fiscalidad reducida para invertir en el sector inmobiliario y que, según sus críticos, contribuyen al alza de los precios del alquiler.
Las propuestas han tensado aún más la relación entre Sumar y su socio de Gobierno, el PSOE, especialmente después de que el presidente Pedro Sánchez anunciara una exención fiscal del IRPF del 50% para propietarios que alquilen a precios por debajo del índice de referencia.
Desde Sumar han calificado esta medida como “una subvención encubierta a los caseros”, y han advertido que «no se pueden resolver problemas estructurales con incentivos para quienes ya tienen muchas viviendas». Por su parte, desde el PSOE se ha respondido que Sumar está actuando de forma “irresponsable” y “desestabilizadora”.
Fuentes del Ejecutivo han señalado que, aunque están abiertos al debate, no aceptarán “imposiciones ideológicas que atenten contra la seguridad jurídica y la estabilidad económica”.
Organizaciones sociales como la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) o el sindicato de inquilinos han aplaudido la propuesta, señalando que es “la más valiente en décadas” y que por fin coloca el derecho a la vivienda en el centro de la agenda política.
En contraste, asociaciones de promotores y el sector inmobiliario han reaccionado con preocupación. La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL) ha advertido que las expropiaciones podrían ahuyentar la inversión extranjera y empeorar la oferta de vivienda a medio plazo.
