La Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció este martes que ha instruido a los fiscales federales a buscar la pena de muerte para Luigi Mangione, el hombre acusado del asesinato del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en un impactante tiroteo ocurrido el 4 de diciembre del año pasado frente a un hotel en Manhattan. La decisión, que ha generado un intenso debate en el país, refleja la postura dura de la administración Trump contra el crimen violento y ha desatado reacciones polarizadas entre el público y los expertos legales.
Mangione, de 26 años y residente en Maryland, es acusado de disparar fatalmente a Thompson, de 50 años, en lo que las autoridades describen como un ataque premeditado y ejecutado con precisión. Según los fiscales, Mangione utilizó un arma semiautomática equipada con un silenciador y dejó una nota manuscrita en el lugar del crimen que criticaba a las compañías de seguros de salud, sugiriendo un motivo relacionado con la insatisfacción con el sistema sanitario estadounidense. Tras el asesinato, Mangione se convirtió en el objetivo de una búsqueda nacional, siendo capturado semanas después en una cabaña en Nueva York tras un enfrentamiento con la policía.
El caso ha capturado la atención pública no solo por la naturaleza del crimen, sino también por las posturas encontradas que ha generado. Bondi justificó su decisión en una declaración oficial, afirmando que el asesinato fue un «acto de violencia extrema» que exige el máximo castigo bajo la ley federal. «Este caso envía un mensaje claro: bajo esta administración, protegeremos a los ciudadanos y combatiremos el crimen violento con la fuerza de la ley», dijo, alineándose con la promesa de campaña de Donald Trump de «Hacer a América Segura Otra Vez».
Sin embargo, la orden ha desatado críticas y debates cuestionado la coherencia de la administración Trump, señalando que mientras se persigue la pena capital en este caso, el presidente ha otorgado indultos a traficantes de personas y otros delincuentes violentos en el pasado, lo que algunos consideran una contradicción. Otros defienden a Mangione, argumentando que su acto fue una forma extrema de protesta contra las prácticas de las grandes corporaciones de salud, aunque estas afirmaciones no han sido confirmadas oficialmente.
La decisión de Bondi también ha reabierto el debate sobre la pena de muerte en EE.UU., que, aunque legal en nivel federal y en 27 estados, ha sido objeto de controversia por su aplicación desigual y su impacto ético. Grupos de derechos humanos, como Amnistía Internacional, han condenado la medida, calificándola de «desproporcionada» y señalando que Mangione aún no ha sido juzgado, lo que deja abierta la posibilidad de que sea inocente. Por otro lado, familias de víctimas de crímenes similares han apoyado la decisión, argumentando que el asesinato de Thompson, un líder empresarial prominente, merece el castigo más severo.
El caso de Mangione ha sido seguido de cerca por los medios desde su captura. Las autoridades federales han presentado evidencia que incluye el arma del crimen, la nota encontrada en la escena y grabaciones de video que muestran a Mangione huyendo tras el tiroteo. Si se le encuentra culpable, podría enfrentar la inyección letal, aunque algunos estados han suspendido esta forma de ejecución debido a problemas logísticos y éticos.
El asesinato de Thompson, que ocurrió en un contexto de creciente descontento con los costos de los seguros médicos en EE.UU., ha puesto bajo escrutinio a las grandes empresas de salud. UnitedHealthcare, una de las compañías más grandes del sector, ha enfrentado críticas por sus políticas de denegación de cobertura, lo que algunos analistas sugieren pudo haber motivado a Mangione, aunque no hay pruebas concluyentes de esto. La empresa, por su parte, ha expresado su «tristeza» por la pérdida de Thompson y ha cooperado plenamente con la investigación.
La orden de Bondi llega en un momento políticamente delicado, con las elecciones de mitad de período acercándose y el Partido Republicano buscando consolidar su narrativa de «ley y orden». Sin embargo, la decisión también ha dividido a los propios republicanos, con algunos líderes conservadores cuestionando si la pena de muerte es la mejor respuesta en un caso que muchos ven como un síntoma de problemas más profundos en el sistema de salud.
Mientras el caso avanza, Mangione permanece en custodia federal a la espera de juicio, programado para finales de 2025. Su defensa ha indicado que planea argumentar enajenación mental y motivaciones políticas, aunque estas estrategias aún están en desarrollo. La decisión de la Fiscal General ha puesto este caso en el centro del debate nacional sobre justicia, castigo y las tensiones sociales en Estados Unidos, con implicaciones que podrían resonar más allá de las fronteras del país.
