El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha solicitado al Gobierno conceder un indulto parcial a Laura Borràs, expresidenta del Parlament, quien fue condenada a cuatro años y medio de prisión por prevaricación y falsedad documental. Asimismo, el TSJC ha decidido suspender su ingreso en prisión hasta que se resuelva la petición de indulto.
La propuesta del tribunal busca reducir la pena de prisión a dos años y medio, lo que permitiría a Borràs evitar la cárcel. Sin embargo, la inhabilitación de 13 años y la multa de 36.000 euros impuestas en la sentencia permanecen vigentes.
La Fiscalía ha apoyado la suspensión del ingreso en prisión de Borràs mientras se tramita el indulto, considerando que, en caso de ser concedido, su entrada en prisión podría causar perjuicios innecesarios.
Laura Borràs fue condenada por adjudicar contratos de manera irregular en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) durante su gestión al frente de esta entidad. La sentencia consideró probado que fraccionó contratos públicos para adjudicarlos a un colaborador cercano, evitando así los procedimientos legales de contratación.
La decisión del TSJC de solicitar el indulto parcial y suspender el ingreso en prisión de Borràs ha generado diversas reacciones en el ámbito político y judicial. Mientras algunos sectores consideran que la medida es adecuada dada la naturaleza de los delitos y la trayectoria de Borràs, otros critican que podría sentar un precedente negativo en la lucha contra la corrupción y la transparencia en la administración pública.
El Gobierno ahora deberá decidir si concede el indulto parcial solicitado por el TSJC. Mientras tanto, Laura Borràs permanece en libertad, a la espera de la resolución de su situación judicial.
