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La sombra de la corrupción en la Junta de Andalucía durante la larga etapa de gobiernos socialistas sigue alargándose, más allá del emblemático escándalo de los ERE, cuyo desenlace definitivo pende ahora de la Justicia europea tras la revisión parcial de las condenas por el Tribunal Constitucional. El magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha concluido la investigación de una nueva pieza separada del conocido como caso Avales, un vasto entramado de concesiones irregulares de garantías públicas que ha mantenido ocupados a los tribunales durante más de una década. En su auto, el juez procesa a 14 antiguos altos cargos del PSOE por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación continuada, junto a tres responsables de la cooperativa Cofrutex, sumando un total de 17 encausados. Entre ellos destaca Francisco Vallejo, exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa, ya condenado en el caso ERE, en un episodio que pone de relieve cómo el clientelismo y las ayudas arbitrarias permeaban diversos ámbitos de la administración autonómica.
El foco de esta pieza se centra en la concesión de un aval millonario por parte de la agencia pública IDEA —dependiente de la Consejería de Innovación— a la Sociedad Cooperativa Andaluza Frutera Exportadora de Sevilla (Cofrutex), dedicada a la manipulación y exportación de cítricos. Según detalla el auto del juez Vilaplana, se trató de un aval de 1,18 millones de euros que respaldaba un préstamo de 1,47 millones concedido por Cajasol a la cooperativa, en un procedimiento plagado de irregularidades. El magistrado califica la operación como «de manera absolutamente injustificada y arbitraria», al no cumplir con los criterios objetivos ni los requisitos legales para este tipo de ayudas de salvamento y reestructuración destinadas a empresas en crisis.
La investigación revela que los encausados utilizaron mecanismos de aval «propio o excepcional» e incentivos para canalizar fondos públicos sin el debido control, vulnerando la normativa y causando un perjuicio al erario andaluz. El juez destaca «indicios racionales graves» de criminalidad, atribuyendo a los procesados la comisión continuada de prevaricación y malversación. No obstante, ha decretado el sobreseimiento provisional para un grupo de investigados, incluidos algunos socios de Cofrutex que carecían de control efectivo sobre la dirección y ejecución de la ayuda.
Entre los 14 ex altos cargos socialistas procesados figura Francisco Vallejo, quien ocupó la Consejería de Innovación entre 2004 y 2010 bajo los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Vallejo, ya condenado a siete años de inhabilitación en el caso ERE por malversación —aunque el Tribunal Constitucional anuló parcialmente las penas, permitiendo su excarcelación en julio de 2024—, formaba parte del consejo rector de IDEA que aprobó el aval ilícito.
Otro nombre destacado es Francisco del Río Muñoz, fundador y jefe del Gabinete Jurídico de la Junta durante tres décadas (1982-2012), considerado un «amigo» cercano de Chaves. Del Río, procesado por prevaricación y malversación, avaló legalmente la operación pese a su presunta ilicitud. Los tres responsables de Cofrutex también se enfrentan a cargos, aunque el auto no detalla sus identidades específicas. En total, 17 personas pasarán a procedimiento abreviado, donde las partes podrán solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento.
Este auto recuerda que la lucha contra la corrupción es un maratón, no un sprint, y que sus ramificaciones siguen vivas una década después.
Deben de salir a la luz los benefactores que se lograron de dichos préstamos o lo qué fueran de parte de Cofrutex . Por lo menos los socios sabríamos quienes se lograron del sudor y sangre que nos costaba criar la cosecha